¿QUÉ ESTABLECÍA LA LEY DE EMERGENCIA PRESUPUESTARIA PARA LAS UNIVERSIDADES Y QUÉ ARGUMENTOS UTILIZÓ EL GOBIERNO PARA VETARLA?
En las primeras horas del viernes 13 de septiembre pasado, el Senado había aprobado una iniciativa que ya había recibido la media sanción de la Cámara de Diputados. La votación general resultó en 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención. La medida propuesta buscaba declarar la emergencia presupuestaria para el sistema universitario nacional en el año 2024. Pero tras la segunda marcha universitaria, el presidente Javier Milei vetó totalmente la ley mediante el decreto 879/2024 publicado en el Boletín Oficial. El objetivo de la ley vetada por el presidente Milei, era “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
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La iniciativa proponía actualizar las partidas del Presupuesto 2023 de acuerdo a la inflación acumulada ese año, es decir un 211,4 % para luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
Esto equivalía un costo fiscal de 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. (Les dejo el link IMPACTO FISCAL DEL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN DE FINANCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES NACIONALES EXPEDIENTE CD 14-24 - Oficina de Presupuesto del Congreso (opc.gob.ar)
El proyecto también alteraba el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, estableciendo nuevos criterios para la asignación del presupuesto universitario. Los criterios más significativos incluyen: la cantidad de estudiantes, la variedad de carreras, el número de graduados, las áreas de vacancia y las actividades de investigación y extensión.
En el ámbito salarial, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) comparó la escala salarial de los docentes universitarios con la inflación reportada por el INDEC, determinando que, en agosto de 2024, el poder adquisitivo se redujo en un 9,2% en comparación con diciembre de 2023. A modo de ejemplo, un auxiliar de primera con dedicación simple (9 horas semanales) y 10 años de antigüedad, que en diciembre de 2023 ganaba $132.035,51, en agosto de 2024 recibió un salario bruto de $232.531,90. Si se compara con los sueldos de noviembre (antes de la inflación del 25,5% de diciembre), la pérdida de poder adquisitivo hasta agosto fue del 23,71%. https://chequeado.com/el-explicador/ley-de-financiamiento-universitario-las-claves-del-proyecto-que-tratara-el-senado/
Ahora debemos analizar los argumentos que el gobierno presentó para justificar su veto. Comienza el decreto estableciendo que las "modificaciones (que propuso la ley) afectan el régimen legal de financiación de las Universidades Nacionales, en lo que respecta a los gastos operativos y los salarios del personal docente y no docente del Sistema Universitario Nacional".
Otro argumento sostiene que la ley viola claramente el marco jurídico actual, ya que no considera el impacto fiscal de la medida ni establece la fuente de financiamiento, contraviniendo el artículo 38 de la Ley N ° 24.156 de Administración Financiera. Para el gobierno nacional, la economía sigue reglas claras, siendo la principal que los gastos no deben superar los ingresos.
El decreto presidencial de veto señala que "la medida aprobada crearía un privilegio para los empleados de las Universidades Nacionales en comparación con el resto del personal de la Administración Pública Nacional". Se enfatiza que cualquier aumento salarial debe determinarse mediante negociación colectiva. Así, se sostiene que el financiamiento debe ser debatido al momento de aprobar el Presupuesto Nacional correspondiente.
En ese sentido, en círculos gubernamentales se sugiere que podría convocarse a nuevas reuniones para continuar negociando un acuerdo salarial, siempre dentro de los límites del presupuesto autorizado, cosa que ya ocurrió el pasado 7 de octubre donde el gobierno propuso a los gremios universitarios un 6% de aumento salarial. Asimismo, se contempla la posibilidad de debatir en el Congreso un aumento de los gastos, siempre que se mantenga el déficit fiscal dentro de los parámetros establecidos.
Al finalizar este informe, se encuentra próxima la sesión en el Congreso para ratificar el veto presidencial o no. Existe una división entre quienes quieren respaldar el veto y aquellos que insisten en aprobar el presupuesto universitario. Los números de ambos grupos son ajustados. La oposición ha obtenido el respaldo de varias figuras políticas y sindicales, mientras el gobierno está negociando con sus aliados para asegurar el número de votos necesario para garantizar el veto.
En la próxima publicación del blog, exploraremos las auditorías universitarias, el estado actual de las matrículas estudiantiles y los argumentos a favor y en contra de imponer aranceles a los estudiantes extranjeros en la universidad.
