Un reciente informe del Observatorio de Argentinos por la Educación indica que, en los últimos 42 años en Argentina, el financiamiento para la educación superior aumentó un 226% y para la educación básica un 163%.
Uno de los desafíos en Argentina es que, a pesar de contar con más recursos, los resultados obtenidos son deficientes, tanto a nivel local como en comparación con otros países de la región. Según las evaluaciones de la UNESCO, uno de cada dos niños en Argentina no logra alcanzar los niveles mínimos de comprensión lectora en tercer grado. ¿En qué fallamos?
En varios artículos y columnas de opinión he abordado el tema del financiamiento educativo en nuestro país. Es un asunto que se repite debido a que el financiamiento es esencial para mantener un sistema escolar robusto. Los informes indican que, desde 1980 hasta hoy, se han incrementado los recursos para la educación. No obstante, el aumento de fondos para las universidades ha superado al destinado a la educación inicial, primaria y secundaria. Acá hay un punto para analizar, pero veamos los datos de este informe.
Durante la década de 1980, existían pocas regulaciones que garantizaran una inversión mínima en educación en relación con el porcentaje del PBI. El presupuesto educativo estaba sujeto a la aprobación del Congreso Nacional.
En 1992, el gobierno de Menem implementó la Ley de Transferencia de Servicios Educativos (Ley 24049), que no solo transfería las escuelas y colegios nacionales a las provincias, sino que también establecía incrementos presupuestarios basados en el presupuesto de 1992. Estos incrementos no eran significativos en comparación con los costos que las provincias debían asumir en un contexto económico crítico después de la hiperinflación.
En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner promulgó la Ley de Financiamiento Educativo (Ley 26075), estableciendo un nuevo marco normativo. El aspecto más destacado fue el incremento del presupuesto educativo al 6% del PBI para el año 2010, aunque existía incertidumbre sobre su distribución. No estaba claro qué porcentaje correspondería a la Nación y cuánto a las provincias, ni cómo se asignarían esos fondos entre los distintos niveles educativos.
Estadísticamente, el informe "Evolución del Financiamiento Educativo" publicado por "Argentinos por la Educación" indica que, en la práctica, 3 de cada$4 aportó cada provincia mientras que 1 de cada $4, lo aportaba Nación. El Gasto Público Consolidado (GPC) del Ministerio de Economía determinó que en los años '80, el presupuesto educativo apenas superaba el 3 %, en los '90 entre un 3,1% y un 4,5 %, entre el 2005 y 2006 un 3,9% y entre 2009 y 2015 un 6%.
Si comparamos la Nación con los gobiernos provinciales, entre 1980 y 2022, la primera aumentó su presupuesto en un 30%, mientras que las segundas lo hicieron en un 292%. La diferencia es notable. Sería interesante analizar cuánto del porcentaje aportado por las provincias proviene de sus propias administraciones o si, indirectamente, reciben fondos de otros organismos nacionales e internacionales. Los datos estadísticos indican que entre 2015 y 2022 se observa una disminución en la inversión educativa, coincidiendo históricamente con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
En párrafos anteriores mencionamos que la Ley de Financiamiento Educativo no definía claramente cómo se distribuía el presupuesto en cada nivel educativo. Dividiendo en dos niveles, Educación Básica Obligatoria y Educación Superior, el informe señala que desde 1992 hasta 2022, el primer nivel aumentó sus inversiones educativas en un 163% por las provincias, mientras que la Educación Superior experimentó un incremento del 226% por parte de la Nación. Esta diferencia se profundiza entre los años 2006 y 2022, y alcanza un pico en 2018: ese año se invirtieron 105 puntos porcentuales más en educación superior que en básica. Estos datos deben contrastarse con el aumento porcentual de la matrícula por alumno en el mismo período. La Educación Superior registró un aumento cuantitativo del 663% en sus matrículas, mientras que la Educación Básica Obligatoria solo vio un crecimiento del 79%.
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Gráfico 1. Serie histórica. Gasto público educativo consolidado por año como porcentaje del PBI. Apertura entre nación y provincias crédito ejecutado. Años 1980-2022.png
Existen varias observaciones acerca de los datos presentados en el informe que deseo exponer. Se observa una marcada disminución en la participación del gobierno central y, por otro lado, un incremento en la aportación de las provincias en un proceso que resulta discutible, dado que estas últimas tienen una capacidad recaudatoria más limitada y muestran una debilidad considerable en la administración escolar.
Alejandro Morduchowicz, coautor del informe, expresó a los medios que la inestabilidad de los recursos educativos complica la planificación de políticas a largo plazo. Además, señaló que el informe constituye una contribución importante para la reflexión acerca de las perspectivas futuras en un contexto de redefinición del papel del Estado nacional y las responsabilidades provinciales en el financiamiento del sector educativo. Otro hecho interesante es que se ha demostrado que ninguna de las leyes que regulan el sistema ha conseguido proteger el gasto educativo de su naturaleza procíclica: en tiempos de bonanza económica se incrementa el gasto y en periodos de recesión se disminuye.
Un aspecto significativo es que el mayor incremento del financiamiento se observa en la educación superior, lo cual plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución del gasto. Esto se debe a que los niveles obligatorios de educación son los que alcanzan (o deberían alcanzar) a la totalidad de la población, mientras que la educación superior tiende a estar dirigida a los sectores socioeconómicos con menos índices de vulnerabilidad social.
Como lo afirmó Javier Curcio, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA CONICET: "Los procesos de descentralización de los servicios educativos reforzaron las inequidades territoriales, especialmente en los niveles de educación inicial, básica y media. Es importante que el Estado nacional desarrolle un rol activo para reducir esas inequidades. En el plano de la educación superior es central reforzar el rol de movilidad social que desarrollan las universidades nacionales, para lo cual se requiere mejorar las estrategias y pautas de financiamiento y los resultados que dichas instituciones brindan a la sociedad a partir del desarrollo de las diferentes funciones que desempeñan”.
En la próxima publicación, analizaremos cómo se perfila el año 2025 en términos de presupuesto educativo. El gobierno actual, en su esfuerzo por mantener baja la inflación, planea recortar aún más los fondos destinados a educación, lo que resulta en un panorama desalentador para aquellos que valoramos la enseñanza.
FUENTE: Morduchowicz, A., Sáenz Guillén, L. & Volman, V., (2024). Evolución del financiamiento educativo. Observatorio Argentinos por la Educación.
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