LA ESENCIALIDAD EN LA EDUCACIÓN.
Antoine de Saint-Exupéry utilizó la frase “lo esencial es invisible a los ojos” para hacer referencia a que no siempre el verdadero valor de las cosas es evidente; pero cuando hablamos de educación somos varios los que creemos que debería ser la excepción a la regla.
El Gobierno nacional confirmó el 20 de febrero pasado, en una rueda de prensa a cargo del vocero presidencial, que evalúa declarar la educación como un servicio esencial, algo que estaba incluido en el DNU 70/2023 que firmó el presidente Javier Milei a los pocos días de asumir.
El DNU 70/2023 busca modificar la ley laboral argentina incluyendo a la educación como “servicio esencial”, en todos sus niveles y modalidades. La decisión de Milei implica restringir los reclamos y paros docentes: establece que, frente a un conflicto colectivo que afecte los servicios considerados esenciales, en ningún caso se podrá “negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare”. Es decir: en una escuela, por ejemplo, podrían adherir a una medida de fuerza uno de cada cuatro docentes en promedio, dependiendo de sus plantas funcionales.
El artículo 24 de la Ley N ° 25.877 considera como esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. La ley establece que “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.
Sin embargo, la Justicia declaró inconstitucional ese apartado del DNU tras una presentación de la Confederación General de Trabajo, sosteniendo que este tipo de reformas deben analizarse y debatirse en el Congreso. Este fallo judicial avaló la impugnación de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) para eliminar a la educación como "servicio esencial" por lo que actualmente la esencialidad no está vigente. El Gobierno evalúa declarar la educación como servicio esencial - Infobae
Esta medida ya se ha discutido en el pasado. Tanto oficialistas como opositores han fantaseado con esa idea cada vez que los reclamos golpean las puertas de sus despachos gubernamentales, pero hasta el momento no se ha concretado.
Hagamos un repaso de la historia reciente. En 2014, al enfrentar la administración del gobernador bonaerense Daniel Scioli una larga secuencia de paros docentes, el vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la misma idea. En sus propias palabras, expresó: “La educación, y en especial la pública, es un servicio esencial en las sociedades democráticas porque permite la igualdad de oportunidades, favorece la cohesión social y es la base del progreso económico que da lugar al estado del bienestar. Por ello debe declararse a la educación un servicio público esencial y reglamentar el ejercicio de huelga en dicho sector”.
En 2022, la oposición al gobierno del presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para declarar a la educación como servicio estratégico esencial. El texto, que elaboró el diputado nacional (ex ministro de Educación de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri) Alejandro Finocchiaro, buscaba que las escuelas estén abiertas todos los días que establece el ciclo lectivo, incluso en aquellas jornadas en las que haya un paro docente. “Declarar la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo”, rezaba el artículo 1 del proyecto de “Ley de continuidad del aprendizaje y derechos que protege la escuela”.
Para garantizar la continuidad del servicio educativo, el proyecto de ley contemplaba la creación de guardias mínimas, que debían incluir al 50% de los directivos, docentes y auxiliares. El proyecto exigía como mínimo el cumplimiento del calendario escolar. Alejandro Finocchiaro presentó un proyecto de ley para que haya clases incluso en los paros docentes - Infobae
En 2024, la esencialidad no está impulsada por la Secretaría de Educación ni por el Ministerio de Capital Humano. Los medios de comunicación nacionales afirman que en esas áreas del Gobierno no tenían información al respecto, ni pudieron confirmar quién es el funcionario que promueve la iniciativa. Entonces, ¿quién o quiénes la impulsan?
Mientras tanto, los gremios docentes asocian esta iniciativa gubernamental con el escenario de conflictividad que se abrió con la decisión de suspender los aportes nacionales al salario docente (FONID) y con la indefinición de fecha de para convocar a una “paritaria nacional” para definir un nuevo salario mínimo en todo el país, tras las cifras récord de inflación en diciembre, enero y febrero. Los gremios rechazan la iniciativa del Gobierno de declarar la educación como servicio esencial - Infobae
También algunas organizaciones de la sociedad civil han tomado posicionamiento sobre la esencialidad. La declaración de la educación como servicio esencial ya había sido promovida durante la campaña electoral por “Padres Organizados", la red de familias surgida durante la pandemia, y por la “Academia Nacional de Educación", como parte de las “prioridades” que ambas organizaciones consideran relevantes para el sistema educativo. Esta academia afirma que el tema que se discute es qué derecho es más importante, si el derecho de los chicos que van a la escuela, el derecho a tener una buena clase, o el derecho de un líder sindical de decidir cerrar la escuela por un conflicto que puede ser legítimo.
¿Qué establecen las normas internacionales a las cuales nuestro país se ha adherido? La Organización Internacional del Trabajo (OIT) no considera a los servicios educativos como servicios esenciales. Para la Organización, la categoría incluye aquellos servicios cuya interrupción podría amenazar la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población de manera inminente y evidente.
Eso sí, la entidad ha señalado que sí son servicios esenciales el suministro de alimentos a los estudiantes en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares. También indica que la huelga de los directores y subdirectores puede restringirse o incluso prohibirse, y que “en casos de larga duración en el sector de educación se pueden establecer servicios mínimos en consulta plena con los interlocutores sociales”, léase, si se ponen de acuerdo entre las partes en conflicto, cosa que al momento nunca se ha concretado.
Según señala la Organización, “no es absoluto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población”.
Marcelo Di Stefano, doctor en Derecho del trabajo y profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien asiste habitualmente a las reuniones de la OIT desde hace 15 años, señaló en un matutino porteño hace un tiempo atrás: “El derecho a la huelga está protegido por el Convenio 87 de la OIT, que tiene carácter supralegal en la Argentina, pero también por el artículo 14 bis de la Constitución y por los principales tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional”. Y siguió: “Tanto la Comisión de Expertos de la OIT como la Corte Interamericana de Derechos Humanos entienden que puede haber restricciones excepcionales al derecho a la huelga en los servicios esenciales, pero la declaración de esencialidad no corresponde a las decisiones de los gobiernos a través de un decreto de necesidad y urgencia. Hay una larga jurisprudencia en la materia, requiere de acción legislativa y de la convocatoria a los actores sociales, sindicatos y representantes de los empleadores, a un proceso de diálogo social”. Por último, consideró: “Todos podemos afirmar en lenguaje ordinario que la educación es esencial para la sociedad, pero en lenguaje técnico, cuando nos referimos a las restricciones al ejercicio del derecho a la huelga, esenciales son solo las actividades cuya parálisis pone en riesgo, con sentido estricto, la salud o la seguridad de las personas, y es imposible ubicar a la educación en esa categoría”. Qué significa que la educación se considere un servicio esencial - LA NACION
Defender la educación es fundamental para el desarrollo de las personas y un pilar de la democracia porque es el espacio en que conviven el pensamiento y la libertad del conocimiento. Pero ello no tendría que estar en contraposición con el ejercicio del derecho de huelga, que también constituye un accionar concreto sobre la defensa y demanda de los derechos inherentes al ser humano.
Si la educación es responsabilidad de las provincias cuando de financiar se trata, entonces las provincias, al estar a cargo de los servicios educativos, son las que deberían eventualmente adherir o no a la “esencialidad” de la educación y no ser una decisión unilateral de los funcionarios nacionales.
La esencialidad por su trascendencia primero debería discutirse en el Consejo Federal de Educación, organismo donde tienen voz y voto las jurisdicciones provinciales. Luego, cada provincia debería determinar si adhiere o no a esta resolución porque en Argentina la educación está a cargo de los gobiernos provinciales; y posteriormente, deberían establecerse protocolos de actuación ante medidas de fuerza declaradas por los gremios que garanticen el servicio educativo -preferiblemente - con acuerdo previo de las entidades gremiales. Una vez alcanzados los acuerdos marcos se podría refrendar con un proyecto de ley en el Congreso para reformar las normas vigentes.
No hay que crear nada nuevo, ya existen órganos gubernamentales y técnicos donde tratar esta temática, existen normas nacionales e internacionales a las cuales se han adherido que merecen analizarse, convocando a la mayor cantidad de referentes estatales, gremiales y de la sociedad civil para expresar sus posiciones y argumentos.
A lo largo de los años, hemos experimentado que declarar servicio esencial a una actividad no frena el conflicto ni mucho menos garantiza la obligatoriedad y calidad en el plano educativo. Imaginemos por un momento un escenario de conflictividad laboral bajo la aplicación de la esencialidad escolar, estuviéramos a cargo de una institución y recibimos instrucciones para armar guardias. Por ejemplo, de un plantel de 14 docentes, adhiere el 75%, el total de estudiantes que vaya a la escuela ese día solo dispondría de un 25 % del plantel restante (de guardia), o sea que el horario se reduciría drásticamente y los saberes no se podría impartir en su totalidad, entre otras potenciales circunstancias. Resultado: Las guardias tampoco podrían garantizar el normal funcionamiento de una institución escolar.
Ahora bien, si se decide tratar la esencialidad también hay que incluir en esa agenda las problemáticas y demandas de los docentes que están en el aula y de aquellos que tienen que gestionar instituciones escolares gran parte del calendario escolar sin mantenimiento, ni infraestructura adecuada, sin fondos asignados para administrar o proyectar curricularmente y que no siempre son escuchados ni por sus inmediatos superiores, ni por sus representantes sectoriales.
Miremos desde dónde venimos y hasta dónde llegamos. Discutamos y proyectemos una política educativa a corto, mediano y largo plazo no desde un posicionamiento coyuntural y de conflictividad enmarcada en una crisis económica y social sino desde un proceso de cambio continuo y permanente donde involucre a todos los miembros de la comunidad.
