AUDITORIAS UNIVERSITARIAS: LO QUE SE DICE Y LO QUE NO.
Estamos presenciando una verdadera batalla mediática y en las redes sociales en torno al financiamiento educativo, especialmente en las universidades. Parece que hay desconfianza por todos lados y se difunde información que no siempre es completa, ya sea que provenga del gobierno o de las autoridades universitarias. A esto se suma una pirotecnia verbal agresiva tanto del partido en el poder como de la oposición kirchnerista y de izquierda. Mientras tanto, nosotros, los ciudadanos, somos espectadores de este enfrentamiento cotidiano, en un momento en que miles de jóvenes luchan por lograr sus sueños de obtener un título universitario.
Empecemos por lo que dice la ley vigente. La Ley 24.521 de Educación Superior establece en su artículo 59 bis que la Auditoría General de la Nación (AGN) tiene la competencia "directa e indelegable" para el control administrativo externo de las universidades. Dicha entidad debe disponer de un área especializada, así como de los recursos humanos y materiales necesarios, para supervisar tanto a las instituciones públicas como a las privadas que reciban financiamiento estatal.
El Plan de Acción Anual de la AGN incluye las auditorías que se llevarán a cabo durante el año. Este plan es elaborado por la Auditoría y luego aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Así, el Congreso Nacional también participa en la decisión de qué entidades serán auditadas, ya que la Comisión puede solicitar a la AGN que incluya nuevas entidades en cualquier momento. Este año, se han programado auditorías para las universidades nacionales de Córdoba, Jujuy, La Plata, Salta y del Nordeste. Al acceder al sitio web de la AGN, se pueden encontrar informes sobre diversos establecimientos educativos. Existen más de 30 informes disponibles acerca de universidades. El Auditor.info ha publicado algunos de estos, incluyendo los de la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad de José C. Paz y el informe sobre la ejecución del Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR), entre otros.
Es importante mencionar que, según la Ley de Educación Superior, corresponde a la Nación el financiamiento, supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, sean estas públicas o privadas. Por otro lado, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de llevar a cabo estas tareas en los institutos de educación superior de gestión estatal y en las universidades provinciales dentro de su jurisdicción. Por otro lado, el artículo 59 bis de la Ley señala que todos los establecimientos de educación superior estatales deben establecer mecanismos de auditoría interna para asegurar la transparencia en la utilización de bienes y recursos. https://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25394/texact.htm
A su vez, cada institución de educación superior cuenta con Unidades de Auditoría Interna encargadas de realizar el control interno. Posteriormente, las cuentas son aprobadas por el respectivo Consejo Superior. Algunas universidades, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del Sur, hacen públicos estos informes en secciones específicas de sus sitios web.
LA POLÉMICA.
Las críticas del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) sobre la ausencia de controles y auditorías en las universidades nacionales han generado un intenso debate en el contexto del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Este tema cobró mayor relevancia con la segunda marcha federal universitaria, que el 2 de octubre movilizó a personas en la Ciudad de Buenos Aires, en la Plaza de los Dos Congresos y en otros lugares del país, intensificando la discusión. ¿Existen auditorías en las universidades públicas? ¿Qué entidades son responsables del control administrativo? ¿Cuáles son las críticas específicas del Gobierno nacional?
El Ministerio de Capital Humano, que supervisa la Subsecretaría de Políticas Universitarias, comunicó: "Auditar el uso de los fondos públicos es fundamental. Las universidades, en particular la Universidad de Buenos Aires (UBA), no han presentado cuentas de forma adecuada. Un 89% de los fondos transferidos desde 2015 hasta 2022 aún no se han justificado".
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), subordinada al presidente y con unidades de auditoría interna en los entes administrativos, es el órgano encargado del control interno de la Administración Pública y sería el elegido por Capital Humano para auditar.
No obstante, por el momento, la SIGEN no está autorizada a realizar auditorías de las universidades nacionales debido a una ley sancionada en 2020 (bajo la administración de Fernández), la cual las excluye de ser auditadas ad hoc por los síndicos y funcionarios de la SIGEN. En noviembre de 2022, la Procuración del Tesoro de la Nación, liderada por Carlos Zannini, concluyó que los controles de la SIGEN establecidos en la Ley de Administración Financiera no se aplican a las universidades, ya que infringirían su autonomía.
En abril de 2024, durante la primera marcha universitaria en oposición al gobierno de Milei, Juan Manuel Olmos, presidente de la AGN y exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), aclaró en una entrevista con Radio Mitre que la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, compuesta por diputados y senadores, es la que determina las auditorías anuales que debe llevar a cabo la AGN. Como ejemplo, el Plan de Acción Anual de la AGN para 2024 contempla las auditorías de las universidades de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste.
Hace unos días, en un matutino porteño, el gobierno admitió que la responsabilidad de auditar las instituciones de educación superior recae en la Auditoría General de la Nación (AGN). También se reconoce que las condiciones políticas actuales no favorecen el avance de la AGN, ya que es un ente autónomo que no está bajo la jurisdicción del presidente.
Desde que asumió, uno de los planes prioritarios del presidente Milei ha sido nombrar al abogado Santiago Viola en la AGN, quien trabaja estrechamente con su hermana Karina y el dúo Martín-Lule Menem. Sin embargo, hasta el momento no lo han logrado. La AGN está compuesta por siete miembros, cada uno designado como auditor general con un mandato de ocho años, tres de los cuales son nombrados por el Senado y tres por la Cámara de Diputados. https://www.infobae.com/politica/2024/04/23/el-gobierno-admite-que-la-auditoria-de-las-universidades-publicas-en-realidad-depende-de-la-agn/
EL DETRÁS DE ESCENA.
Primer Acto: El dilema del financiamiento bajo el modelo de Milei surge parcialmente del esquema previo de Sergio Massa. Con el presupuesto de 2023 extendido desde el inicio de su mandato, Milei dejó un margen de discrecionalidad e incertidumbre en todos los sectores, incluyendo las universidades públicas, para mantener sus actividades con un presupuesto desactualizado. Aunque en diciembre de 2023, el gasto en educación superior aumentó un 5,4% en términos reales comparado con 2022, y se mantuvo estable entre marzo y mayo, ajustándose solo por inflación. El verdadero problema actual es la incapacidad de alcanzar siquiera esa actualización inflacionaria y ese es el punto de partida de los reclamos de los sectores universitarios.
Segundo Acto: Cada tanto, el ambiente universitario se ve sacudido por rumores de corrupción que involucran a organizaciones estudiantiles, partidos políticos y autoridades. Estos casos suelen salir a la luz, pero rara vez terminan en condenas firmes. No hay que buscar mucho para encontrar ejemplos que requieren una investigación exhaustiva. La AGN aprobó su última auditoría el año pasado, aunque se centró en el período de 2018. Dicha auditoría, que se enfocó en la Facultad de Psicología de la UBA, levantó sospechas sobre el manejo de fondos y cuentas bancarias. Las universidades de Formosa y Tucumán, con fuertes lazos con el peronismo, también fueron auditadas recientemente. En algunos casos, estos informes han llevado a juicios contra universidades públicas, investigados tanto por la AGN como por la SIGEN, y a veces por ambas entidades. Un caso destacado es el de Julio De Vido y otros miembros de la Universidad de San Martín, acusados de defraudar al Estado con sobreprecios del 56% en obras y producciones audiovisuales. De Vido ha sido recientemente procesado. Sin embargo, no solo el kirchnerismo está implicado; dirigentes radicales de Buenos Aires también enfrentan acusaciones de corrupción. La gestión arbitraria de los fondos parece ser una constante en el sistema universitario que no siempre se intenta corregir. https://www.lanacion.com.ar/politica/la-agn-habia-emitido-informes-criticos-sobre-las-universidades-de-buenos-aires-tucuman-y-formosa-nid23042024/
Tercer acto: Después de que Javier Milei afirmara que "la universidad pública solo beneficia a los hijos de la clase alta y los ricos" y que se ha convertido en un "obstáculo" para la movilidad social, el presidente insistió en su pedido de auditar las 62 universidades nacionales, alegando: "deben tener algo que ocultar si se niegan a la auditoría", según expresó en su discurso en el renombrado Palacio Libertad. No obstante, La Libertad Avanza aún no ha presentado proyectos en el Congreso de la Nación para reformar la legislación vigente y promover el sistema de rendición de cuentas exigido por el Ejecutivo. Hasta ahora, los únicos grupos que han propuesto iniciativas en este sentido son el PRO y la Coalición Cívica. https://noticiariosur.com.ar/blog/2024/10/14/lla-no-presento-proyectos-para-auditar-a-las-universidades/
FINAL ABIERTO.
Para finalizar, las universidades deben recibir recursos lógicos, pero obligatoriamente deben ser auditada en forma interna y externa. Hay un principio de transparencia que debe estar garantizado. Así que la mirada propositiva es justamente que haya presupuesto suficiente, pero, también, control, transparencia e integridad de los funcionarios y universidades. https://chequeado.com/el-explicador/auditorias-a-universidades-nacionales-quien-debe-controlarlas-y-como-es-el-proceso/
Para lograr una educación superior de calidad, es fundamental que el gobierno cumpla las pautas de la Ley de Financiamiento Educativo conjuntamente con la Ley de Educación Superior y las universidades se comprometan con la transparencia y la rendición de cuentas. La auditoría es un instrumento clave para alcanzar este objetivo, pero requiere la voluntad de las instituciones, el apoyo de los organismos de control y la participación activa de la comunidad universitaria.
