EDUCACIÓN ESENCIAL: LEY FINOCCHIARO CON MEDIA SANCIÓN.

En una sesión que se extendió hasta altas horas de la madrugada, la Cámara de Diputados de Argentina votó a favor de un proyecto que busca elevar la educación al estatus de "Servicio Estratégico Esencial". Con 131 votos a favor, 95 en contra y dos abstenciones, la propuesta busca asegurar un mínimo de 180 días de clases y mantener las puertas de las escuelas abiertas incluso durante las huelgas.

La nueva iniciativa reconoce la educación como un Servicio Estratégico Esencial en todas las etapas y formas de la escolaridad obligatoria. El objetivo es asegurar la protección total y la promoción de los derechos de los niños y adolescentes, garantizando así que se complete efectivamente el año escolar.

La nueva ley que tiene media sanción establece que el Estado Nacional junto con las provincias tienen la responsabilidad de asegurar que el derecho a la educación se mantenga durante todo el año escolar, incluso en aquellos días en que las clases se vean interrumpidas por acciones directas o indirectas, paros o huelgas, tanto de docentes como de personal no docente. Además, es necesario que se implemente un sistema de guardias mínimas para garantizar este derecho. Esto implica entre otras iniciativas que, si una medida de fuerza se extiende entre uno y dos días, deberá instrumentarse una guardia mínima del 30% de docentes y no docentes. En caso de que una huelga se extienda por más de tres días, se debe garantizar una asistencia mínima del 50% del personal directivo, docente y no docente en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Un aspecto clave del proyecto es que, con el inicio del año escolar, cada institución educativa tendrá la obligación de comunicar a las autoridades correspondientes el servicio de guardias activado para asegurar la continuidad de las clases.

EL DEBATE Y SUS ARGUMENTOS.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que “este proyecto beneficia a toda la sociedad. Pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo. Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga”. “Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse”, agregó.

Así, el sistema de educación obligatoria nacional, desde el nivel inicial hasta la secundaria, sería considerado un servicio esencial, al mismo nivel que los hospitales, la producción y distribución de agua potable, la energía eléctrica, el gas y el control del tráfico aéreo. Cada vez que haya una medida de fuerza a nivel federal, las escuelas tendrán la obligación de mantener sus puertas abiertas. La responsabilidad recaerá directamente en los directivos para asegurar la continuidad del servicio educativo. Para ello, en la previa deberán conformar un equipo de guardia integrado por miembros del personal directivo, docentes y no docentes, que se encargue de recibir a los alumnos y continuar con el proceso de enseñanza de acuerdo con la planificación escolar. Además, este equipo deberá asegurar la prestación de otros servicios vitales como es el caso del servicio de comedor o copa de leche. 

Aquí hay claramente dos derechos en conflicto, y es crucial recordar que ningún derecho es absoluto por lo tanto no se debería darse un marco de superioridad de un derecho sobre otro. Es obvio que, si un estudiante asiste a más horas de clase, aprenderá más, adquirirá más conocimientos y tendrá una mejor trayectoria educativa; esto es indiscutible. Sin embargo, pensar que la solución es simplemente limitar el derecho a huelga es no ver el bosque por los árboles. Estamos enfrentando el problema desde un ángulo, no desde su núcleo y en toda su magnitud. 

EN DATOS.

En Argentina, la falta de información pública que permita supervisar el cumplimiento de los días de clase es un problema. Diversas encuestas han intentado medir esta cuestión. Un estudio de Jaume del año 2020 indica que, entre 1983 y 2019, se perdieron un promedio de 432 días de clase debido a huelgas. Esto representa aproximadamente 11,7 días de huelga al año. Existen provincias como Chubut, que en 2019 registraron hasta 88 huelgas. Santa Cruz y La Rioja también están al frente en este ranking de pérdida de días de clase por huelgas docentes. Según la encuesta MICS 2019-2020 realizada por UNICEF, en 2019, el 66% de los estudiantes de escuelas estatales de nivel primario experimentaron pérdidas de clase durante días lectivos por huelgas docentes en los últimos 12 meses, el 40% por ausencia de profesores, el 23% por otras razones y el 14% por desastres naturales.

LA ESENCIALIDAD DE LA EDUCACIÓN NO SOLO ES DAR CLASES.

Como lo afirmaba en el artículo de este blog del 22 de marzo pasado https://educar-hacervisibleloinvisible.blogspot.com/2024/03/la-esencialidad-en-la-educacion.html, la esencialidad de la educación no solo se comprende la enseñanza en el aula, sino también otras necesidades y demandas de las unidades escolares que hoy muchas provincias no están garantizando, por ejemplo, una infraestructura deteriorada por los años sin mantenimiento adecuado, escasos fondos financieros para afrontar la gestión administrativa y una baja inversión en material didáctico, gabinetes informáticos y laboratorios. A este desfinanciamiento, le debemos sumar los magros salarios que los docentes estatales perciben en muchas provincias y en universidades nacionales, responsabilidad que depende del propio gobierno de turno convocar a paritarias y acordar con las entidades sindicales mejoras salariales y condiciones de trabajo. Cuando estos acuerdos no se logran, los conflictos se prolongan en el tiempo y el cumplimiento de los 180 o 190 días de clase se convierte en una falacia.

Es cierto que no existe una única manera de reivindicar derechos y es claro que el método utilizado por algunos sindicatos necesita ser revisado para prevenir el impacto adverso en la equitativa distribución del aprendizaje. Por otro lado, habría que revisar que mecanismos de control o herramientas administrativas ejerce cada ministerio de educación provincial cada vez que un conflicto gremial se prolonga y no se acatan las conciliaciones obligatorias. 

Discutamos y proyectemos una política educativa a corto, mediano y largo plazo donde incluyamos la esencialidad, pero no desde un posicionamiento coyuntural y de conflictividad enmarcada en una crisis económica y social, sino desde un proceso de cambio continuo y permanente donde involucre a gobernantes y a todos los miembros de la comunidad. 



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