Puntajes bajo sospecha: la urgencia de un algoritmo transparente.
Radiografía de un sistema de puntaje docente que cruje en Santa Cruz y la urgencia de un algoritmo transparente.
La anatomía del parche
Hay momentos en los que la burocracia estatal, habitualmente gris y silenciosa, se ve obligada a confesar sus propias debilidades a través de la frialdad de una normativa. En Santa Cruz, esa confesión adoptó la forma de la Resolución 0312, del Consejo Provincial de Educación. Un texto que, detrás de su lenguaje técnico y de emergencia, esconde una crisis de credibilidad: la admisión de que el sistema diseñado para evaluar y ordenar el mérito de quienes educan a nuestros hijos había sido desnaturalizado desde adentro. No por un fallo técnico, sino por el aprovechamiento quirúrgico de los vacíos legales de una estructura analógica que permitía la multiplicación milagrosa de los panes; en este caso, del puntaje docente.
La decisión de congelar preventivamente el ítem "Otros Títulos" a los valores del año anterior fue presentada como un torniquete necesario para garantizar el inicio del ciclo lectivo y frenar una marea de certificaciones bajo sospecha.
La devaluación de la tiza.
Para dimensionar el impacto de esta distorsión, es necesario analizar la normativa. El Estatuto del Docente concibe la carrera como un trayecto de acumulación lenta, paciente y basada en la experiencia real. Un profesorado específico, una carrera de grado que insume entre cuatro y cinco años de exigencia académica, aporta al legajo un puntaje que promedia los 3 a 9 puntos según la jurisdicción y la competencia del título. La antigüedad, ese capital que se junta día a día, escuela tras escuela, viaja a un ritmo similar de fracciones de punto por año trabajado.
Sin embargo, la marea de las "diplomaturas exprés" vino a proponer una suerte de atajo al mérito. Los datos que encendieron las alarmas de los vocales en las Juntas de Clasificación a principios de año revelaron una anomalía que desafía la lógica y la biología: docentes que, de un listado al siguiente, lograban anexar 30, 40 o incluso más puntos a sus antecedentes mediante la presentación en bloque de postítulos y actualizaciones virtuales adquiridos en ofertas privadas o sindicales de otras provincias.
La trampa no es informática; es cronológica. Para acumular esa cantidad de puntaje bajo las reglas vigentes, un profesional de la educación tendría que haber cursado simultáneamente esquemas que superan las 24 horas físicas que tiene un día. El papel, que históricamente todo lo resiste, convalidó así una estafa ética.
El contraste es feroz. Mientras un docente santacruceño acumula años frente al aula para escalar en el listado de puntaje, centésima a centésima, el circuito de las certificaciones exprés sirvió como colectora para adulterar el sentido del mérito. Al amparo de entidades que comercializan títulos enlatados de dudosa rigurosidad, bastaba un pago electrónico y una cursada fugaz para inundar los legajos con puntajes exorbitantes e imposibles de haber sido obtenidos en el plano de la realidad. Ante esta maniobra, el sistema analógico de las Juntas de Clasificación exhibe su obsolescencia. La meritocracia, entonces, deja de ser el motor del sistema educativo para convertirse en una simulación de la idoneidad.
El cuello de botella de junio y la trampa analógica.
Que esta crisis estalle con fuerza a las puertas del ciclo lectivo 2026 no es una coincidencia temporal; en marzo se desarrollaban las subastas de cargos y horas cátedras y las Juntas de Clasificaciones debían tener los listados de puntajes definitivos. Pero junio, es el mes en que miles de docentes de toda la provincia inician sus inscripciones ante las Juntas, proyectando sus cargos y sus ingresos para el ciclo lectivo siguiente. Es el instante donde las expectativas laborales y pedagógicas de toda una comunidad se concentran en un solo lugar: el listado de puntaje.
Sin embargo, el escenario en el que se dirime este destino sigue siendo, fundamentalmente, decimonónico. Las Juntas de Clasificación en Santa Cruz arrastran el peso de una estructura analógica que ya no responde a las demandas del presente. Hablamos de miles de legajos físicos, carpetas de cartón que viajan por correo, fotocopias certificadas y un trabajo de revisión manual que expone a los vocales a un desgaste administrativo y, lo que es peor, a un margen de error discrecional inevitable.
Cuando el control de los antecedentes depende exclusivamente de un ojo humano que debe revisar, contra reloj, miles de papeles amontonados en una oficina, la opacidad gana terreno. La falta de herramientas tecnológicas de cruce de datos automático transforma a las Juntas en un cuello de botella institucional. Los plazos de tacha y reclamo se vuelven laberintos burocráticos donde el docente, muchas veces, debe resignarse ante la imposibilidad técnica de auditar si el puntaje asignado a su par cumple o no con la legalidad.
La transformación del papel no es inocente; es el refugio de la arbitrariedad. Un sistema cerrado y analógico impide el control social entre pares y alimenta la sospecha permanente de favoritismo. En el actual contexto provincial, mantener las Juntas bajo este formato es una receta segura para profundizar la conflictividad y debilitar, todavía más, la legitimidad de los ofrecimientos de cargos.
El contraespejo federal: la pólvora ya fue inventada
Ante el colapso del papel y la sospecha generalizada, suele aparecer en el discurso oficial la tentación de la resignación, esa idea de que "los cambios culturales llevan tiempo" o que "las reformas estructurales son utopías presupuestarias". Sin embargo, basta levantar la mirada y observar el mapa educativo argentino para derrumbar el argumento de la imposibilidad. En materia de transparencia y gestión del mérito docente, la pólvora ya fue inventada.
Provincias como Mendoza y Córdoba arrastraron en su momento crisis idénticas —el mercado persa de los cursos virtuales, el cuello de botella en las Juntas y la conflictividad permanente en los ofrecimientos— y decidieron resolver el problema quitando el factor de la discrecionalidad humana del centro de la escena. Lo hicieron mediante la digitalización inteligente de sus sistemas.
En Mendoza, a través del sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza), el concepto de "llevar la carpeta a la Junta" desapareció. La carrera docente se transformó en una base de datos viva. El cambio nodal para terminar con el fraude de los títulos fue el Nomenclador de Validación en Origen: el docente ya no sube una fotocopia certificada; es la institución que dicta la capacitación la que debe estar pre-aprobada por el Ministerio de Educación y la que sube directamente el acta digital de egresados al sistema. Si la institución no está en el nomenclador seguro, el curso simplemente no computa puntos.
Córdoba, por su parte, integró las Juntas al ecosistema del Ciudadano Digital (CiDi). Allí, el cálculo de la antigüedad y los conceptos anuales se realiza mediante algoritmos automatizados que cruzan los datos cargados por los directores en las escuelas. El sistema no solo eliminó el error manual de tipeo, sino que incorporó alertas automáticas de superposición cronológica: si un docente pretende acreditar tres diplomaturas virtuales cursadas de forma simultánea en la misma banda horaria, el sistema bloquea preventivamente la carga y emite una alerta de auditoría.
Lo que estos modelos provinciales demuestran es que la transparencia no depende de la buena voluntad de los funcionarios de turno o del humor de los vocales de la Junta; depende del diseño de un sistema informático que haga operativamente imposible hacer trampa.
El camino hacia el SITMED: recuperar el valor del esfuerzo.
La pregunta que debe hacerse la comunidad educativa de Santa Cruz de cara a este mes de junio no es cómo convivir con el parche de la Resolución 0312, sino cómo desmantelar de raíz la estructura que hizo necesaria esa emergencia. La respuesta no requiere de voluntarismos, ni comisiones ad hoc, ni de burocracias infinitas; requiere de una decisión política orientada a la modernización técnica del Estado a través de la creación de un Sistema Integral de Transparencia del Mérito Docente (SITMED).
A mi criterio, una reforma de este tipo exige tres medidas urgentes y de sentido común:
- Primero, la despapelización absoluta mediante un Legajo Digital Único que automatice el cálculo de la antigüedad y bloquee los datos históricos para evitar alteraciones retroactivas. Ya hubo una experiencia de estas características hacia 2010 en Santa Cruz que fue desestimada tiempo más tarde.
- Segundo, el establecimiento de topes anuales infranqueables para el rubro de capacitación continua, acompañados de alertas automáticas de incompatibilidad horaria para terminar con el fraude de los postítulos en serie.
- Tercero, la apertura pública del orden de mérito. La transparencia se defiende abriendo las ventanas: un padrón digitalizado y accesible para todos los agentes del sistema permite el control social entre pares y elimina cualquier margen de sospecha o favoritismo.
Discutir la digitalización y el blindaje de las Juntas de Clasificación en Santa Cruz no es debatir sobre software o servidores informáticos. Es discutir qué valor le asignamos, como sociedad, a la tarea de educar. Cuando el Estado convalida la opacidad analógica, les está diciendo a sus docentes que el tiempo invertido en el aula, la planificación y la formación universitaria valen lo mismo que un certificado comprado a través de una pantalla.
Modernizar el sistema de puntaje es, en última instancia, un acto de estricta justicia distributiva. Es devolverle la dignidad a la tiza y garantizar que quien esté al frente de un aula santacruceña haya llegado allí por el peso indiscutible de sus estudios, su mérito, su esfuerzo y su idoneidad.
Caja de herramientas y archivo documental:
Estatuto del Docente de Santa Cruz (Ley N° 14.473 y sus modificatorias): Es el marco regulatorio que define el sistema de Juntas de Clasificación y el "Anexo de Títulos" (el baremo de puntajes). Determina que las Juntas deben estar compuestas en forma mixta por vocales del Poder Ejecutivo y vocales electos por el voto directo de los docentes.
Resolución N° 0312/26 del Consejo Provincial de Educación (CPE): Es el decreto de emergencia emitido a mediados de febrero de 2026. Es el instrumento legal mediante el cual el gobierno provincial ordenó aplicar de manera excepcional el puntaje del año anterior (2025) en el rubro "Otros Títulos", frenando el impacto de las carpetas sospechosas e iniciando la auditoría general de los legajos.
Resolución N° 321/26 del CPE: Normativa complementaria dictada en el mismo período de febrero para operativizar el funcionamiento de las comisiones revisoras y los listados provisorios en medio de la crisis.
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