Inclusión educativa en Argentina: entre el aumento de matrícula y visibilidad, y los déficits estructurales y pedagógicos

En los últimos años, la inclusión educativa en Argentina ha ganado terreno en los discursos oficiales, en las estadísticas y en las prácticas escolares. Más de 127.000 estudiantes con discapacidad asisten hoy a escuelas en los niveles inicial, primario y secundario. El 64% de las instituciones educativas del país tiene al menos un estudiante con discapacidad. La matrícula crece, la visibilidad también. Pero ¿es esto suficiente para hablar de inclusión?

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La respuesta, como suele ocurrir en educación, no se encuentra en los números sino en las condiciones. Incluir no es solo admitir, más bien, es enseñar, acompañar, transformar. Y ahí es donde el sistema educativo argentino muestra sus fisuras. Pese a los avances en términos de matrícula y visibilidad, los datos reales muestran que aún existen déficits estructurales y pedagógicos que limitan su efectividad.

Se evidencian avances positivos, en cuanto a:

• Crecimiento de la matrícula: En 2024, hay más estudiantes con discapacidad en escuelas comunes (127.456) que en escuelas especiales (107.516).

• Presencia territorial: El 64% de las escuelas comunes del país tienen al menos un estudiante con discapacidad.

• Marco normativo sólido: La legislación nacional y los tratados internacionales promueven ajustes razonables, accesibilidad y respeto por la diversidad.

No obstante, la educación enfrenta déficits y desafíos:

• Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la diferencia de asistencia entre niños con y sin discapacidad es de 8,5 puntos en primaria y 10 puntos en secundaria. Los varones con discapacidad son los más afectados.

• La matrícula no garantiza calidad o aprendizajes significativos. Muchos estudiantes están “incluidos” pero sin apoyos reales, lo que puede derivar en exclusión encubierta. Esa es una de las tensiones más profundas. Cuando hablamos de estudiantes “incluidos” pero sin apoyos reales, nos referimos a situaciones en las que el estudiante con discapacidad está matriculado en una escuela común pero no cuenta con adecuaciones curriculares, ni con configuraciones de apoyo (como docentes integradores, acompañantes terapéuticos, equipos interdisciplinarios). Tampoco hay formación docente específica ni recursos materiales adaptados. El entorno escolar no está preparado para garantizar su participación plena ni sus aprendizajes significativos. En esos casos, la inclusión se vuelve meramente formal o administrativa. El estudiante “está”, pero no aprende, no participa, no se comunica, o no se vincula. Y eso puede derivar en lo que muchos especialistas llaman exclusión encubierta: una forma de segregación que se disfraza de inclusión.

• Falta de datos confiables: La ONU advierte que Argentina no cuenta con estadísticas sólidas sobre discapacidad. El Censo 2022 reemplazó el término “discapacidad” por “limitaciones”, dificultando el diseño de políticas públicas. Esto generó una fuerte polémica entre especialistas, organizaciones y familias, porque tiene implicancias profundas en el diseño de políticas públicas inclusivas. En lugar de preguntar directamente por “personas con discapacidad”, el Censo 2022 indagó sobre “limitaciones para realizar actividades de la vida cotidiana” (ver, oír, caminar, recordar, comunicarse). Al no nombrar la discapacidad, se diluye la posibilidad de cuantificar con precisión cuántas personas viven con ella, en qué condiciones, y en qué territorios. Los datos del Censo no se articulan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ni con registros educativos, lo que genera inconsistencias entre fuentes. Esto va a limitar el monitoreo de derechos. Muchas organizaciones de la sociedad civil reclamaron que el Censo retrocedió en términos de reconocimiento y visibilidad. Como señala la investigadora María Luz Albergucci: “Sin datos, no hay política pública. Y sin nombrar, no hay reconocimiento”.

• Capacitación docente desigual: Aunque hay iniciativas locales, no existe una política nacional sostenida de formación en inclusión educativa.

• Infraestructura y recursos: Muchas escuelas carecen de accesibilidad física, tecnología asistida y equipos interdisciplinarios o peor aún, no están preparadas para albergar a una demanda de estudiantes con discapacidad en aumento.

Normas que garantizan la inclusión.

La educación especial en Argentina está concebida como una modalidad del sistema educativo que garantiza el derecho a la educación de personas con discapacidades —ya sean temporales o permanentes— en todos los niveles y modalidades. Se basa en el principio de inclusión educativa, tal como lo establece la Ley de Educación Nacional (Art. 11, inc. n) donde establece la educación especial como modalidad del sistema educativo. Promueve la inclusión educativa y el respeto por la diversidad. 

Después está la Resolución CFE N ° 311/2016 que hace referencia a la promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad. Se basa en el modelo social de la discapacidad, reconociendo las barreras del entorno como principales obstáculos. Prohíbe el rechazo de inscripción por motivos de discapacidad, considerándolo un acto de discriminación.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) ratificada por Argentina mediante Ley N ° 26.378, introduce el modelo social de la discapacidad y el principio de ajustes razonables.

Hay un documento llamado “Educación Especial: una modalidad del sistema educativo argentino” (2009) en el cual sistematiza orientaciones pedagógicas y políticas para la modalidad. Resultado de encuentros regionales y nacionales con equipos jurisdiccionales; y una Guía Federal de Orientaciones para la inclusión educativa, entre otros documentos que ofrece herramientas para planificar, enseñar y evaluar con perspectiva inclusiva y promueve configuraciones de apoyo y trabajo colaborativo entre docentes.

Estos documentos no solo norman, sino que orientan prácticas pedagógicas, promueven el trabajo articulado entre niveles y modalidades, y ayudan a construir una cultura institucional inclusiva.

Lo que crece (y lo que falta)

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es la condición que más ha crecido en el sistema educativo en los últimos años. La mayor conciencia social, los avances en diagnóstico temprano y la ampliación de criterios clínicos explican parte del fenómeno. Pero también hay una tendencia preocupante al sobre-diagnóstico, a la medicalización de la infancia, a etiquetar lo diverso como patológico.

📊 Datos clave sobre el crecimiento del TEA en Argentina

• Más de 500.000 personas presentan algún grado de TEA en el país.

• En Entre Ríos, hasta 2023, 2.880 personas contaban con Certificado Único de Discapacidad (CUD) por condiciones vinculadas al TEA.

• En Buenos Aires y CABA se concentra más de la mitad de los casos certificados.

• Según la ONG TEActiva, la prevalencia internacional pasó de 1 en 150 niños (año 2000) a 1 en 36 niños (2025), lo que representa un incremento del 317%.

Mientras tanto, las escuelas —especiales y comunes— hacen lo que pueden. Algunas con equipos interdisciplinarios, otras con docentes integradores, muchas con voluntad, pero sin recursos. La formación docente específica es desigual. Las adecuaciones curriculares, escasas. Los apoyos reales, intermitentes. La inclusión, muchas veces, se convierte en una forma de exclusión encubierta.

Lo que se necesita.

La inclusión educativa no puede depender solo de la voluntad de los docentes ni de la resiliencia de las familias. Requiere políticas sostenidas, presupuestos específicos, formación continua, accesibilidad física y tecnológica, y sobre todo, una pedagogía del cuidado. Una pedagogía que no se conforme con integrar, sino que se proponga transformar.

Como señala el documento del portal ABC: “La inclusión educativa solo es genuina cuando en el centro de la escena está la enseñanza. Su ausencia determina la segregación, la desigualdad y la discriminación”.

Todo crecimiento estadístico exige formación docente específica, configuraciones de apoyo reales y adecuaciones curriculares sostenidas. Debería interpelar a las políticas públicas a evitar la medicalización excesiva y a promover una inclusión genuina, que no se limite a aumentar matrícula, sino que garantice aprendizajes significativos.

En cada rincón del país, hay experiencias que resisten. Docentes que inventan estrategias, familias que sostienen trayectorias, estudiantes que desafían diagnósticos. Hacer visible lo invisible es también contar esas historias. Porque detrás de cada cifra hay un cuerpo, una voz, una lucha, una esperanza.

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📚 Bibliografía y fuentes consultadas
🏛️ Normativa y documentos oficiales

Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006) – Art. 11, inc. n
Texto completo

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU) – Ley N° 26.378
Texto oficial

Resolución CFE N° 311/2016 – Promoción, acreditación y certificación de estudiantes con discapacidad
PDF oficial

Resolución CFE N° 174/2012 – Pautas federales para trayectorias escolares inclusivas
Repositorio del Ministerio de Educación


Guía Federal de Orientaciones para la inclusión educativa
Educ.ar – Recursos de Educación Especial
📊 Datos estadísticos y análisis


Infobae Educación – “En 10 años se duplicaron los alumnos integrados: crece la inclusión pero advierten que el desafío es el aprendizaje”
Artículo completo


Análisis Digital (Entre Ríos) – “Crece año a año el número de alumnos con discapacidad en escuelas comunes”
Artículo


Infobae Salud – “Avances y desafíos sobre el autismo: 7 de cada 10 argentinos aseguran comprender sus características”
Artículo


Análisis Digital – “Aumentan los diagnósticos de autismo: causas, cifras y el impacto en la educación”
Artículo


Banco Interamericano de Desarrollo (BID) – Informe sobre brechas de asistencia escolar en América Latina
Sitio oficial


ONU Argentina – Observaciones sobre estadísticas de discapacidad y derechos
Sitio oficial