La nueva Ley de Libertad Educativa: qué propone el borrador y qué puede cambiar en la escuela argentina.
Por Educar, hacer visible lo invisible
En los últimos días empezó a circular, todavía sin versión oficial publicada, el borrador de la llamada Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno nacional. A falta de un texto definitivo, distintos medios y especialistas reconstruyeron sus ejes centrales: derogación de la Ley de Educación Nacional, habilitación del homeschooling, financiamiento orientado directamente a las familias, autonomía curricular institucional, esencialidad del servicio educativo y nuevas formas de gobernanza escolar.
El borrador de la llamada “Ley de Libertad Educativa” fue elaborado por el Gobierno nacional argentino y presentado recientemente ante el Consejo de Mayo como parte de una propuesta para derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006.
Más allá de la disputa política inmediata, lo relevante —y urgente— es pensar qué país educativo dibuja este proyecto. Porque no se trata de un ajuste técnico: se trata del modelo de sociedad que intenta ordenar las próximas décadas.
1. La autonomía familiar y las desigualdades invisibles.
La propuesta parte de un principio: la familia como agente primario de la educación. La idea no es novedosa y reconoce un rol que las familias de hecho ya cumplen. Pero en un país con brechas socioeducativas profundas, la pregunta es inevitable: ¿la libertad educativa es la misma para todos?
No es lo mismo elegir modalidades flexibles cuando se tiene tiempo, conectividad, formación y recursos que cuando se vive en contextos de inestabilidad laboral, bajos niveles educativos o alfabetización digital limitada. En esos casos, la libertad puede convertirse en un peso.
La evidencia internacional, especialmente en Estados Unidos, muestra que el homeschooling crece por motivos religiosos, ideológicos o pedagógicos. Pero también muestra sus riesgos: desigualdades en la calidad de trayectorias, dificultades de socialización, ausencia de organismos contralores y programas profundamente heterogéneos entre familias.
La libertad sin acompañamiento estatal no iguala: segmenta.
2. Autonomía curricular y el riesgo de un ecosistema fragmentado.
a) Según los reportes sobre el borrador, el proyecto propone que las evaluaciones nacionales (como las pruebas “Aprender”) sean anuales y censales para el último año de primaria y secundaria. Estación Claridad+2LA NACION+2
Además, habilita la publicación de esos resultados desagregados por escuela, en un portal público. LA NACION
Desde el punto de vista crítico, esto puede generar una lógica muy estrecha: cuando las clases y los recursos se organizan para “dar respuesta al test”, otras dimensiones del aprendizaje (creatividad, pensamiento crítico, trabajo comunitario, valores éticos) pueden quedar relegadas, porque “lo que se mide es lo que se enseña”.
Esa lógica no es nueva: varios estudios internacionales advierten que sistemas con evaluación externa frecuente pueden derivar en “teaching to the test” (“enseñar para el examen”) más que en una formación integral. Además, la dependencia del test como medidor principal puede reforzar desigualdades: escuelas con menos recursos pueden tener peores resultados, y quedar atrapadas en un ciclo donde deben mejorar promedio para no perder matrícula o legitimidad.
b) Supervisión debilitada. El borrador establece un rol subsidiario del Estado, poniendo el foco en las familias como “agentes primarios” y otorgando más autonomía institucional a las escuelas para diseñar sus planes educativos. Critica Sur+20264Noticias+2
Esto incluye la posibilidad de que las escuelas definan su propio régimen de personal, admisiones, reglamentos internos y políticas pedagógicas. Estación Claridad+2APFDigital+2 Con un Estado menos interventor, los organismos provinciales o nacionales de supervisión podrían perder capacidad real de regular, inspeccionar y garantizar estándares de calidad. Eso puede derivar en desigualdad entre instituciones: algunas mantendrían altos niveles, otras bajarían su nivel pedagógico, sin que haya una autoridad fuerte que intervenga.
La debilidad en supervisión puede traer efectos graves: disminución de estándares, abandono de escuelas que no rinden, falta de rendición de cuentas real, y ausencia de garantía de que los planes “propios” cumplan con los mínimos comunes de calidad.
En la práctica, esto podría transformar muchas escuelas en unidades casi “empresariales” con poca rendición social.
c) Trayectorias discontinuas. Si cada escuela puede tener planes de estudio “propios” con autonomía curricular, aun existiendo “contenidos mínimos comunes”, hay margen para que las diferencias entre escuelas sean sustanciales. 0264Noticias+2Estación Claridad+2
Eso implica que si un alumno cambia de escuela (sea por mudanza, por elección familiar, por razones económicas), puede enfrentarse a programas muy distintos. No solo en contenidos, sino en metodología, exigencias, enfoque pedagógico, criterios de evaluación.
La discontinuidad curricular puede afectar su trayectoria educativa: el cambio no sería simplemente de “un aula a otra”, sino de “un modelo educativo a otro”. Eso puede perjudicar la progresión, la identidad escolar, el sentido de pertenencia, la motivación. Además, sin instituciones fuertes de articulación entre escuelas (u organismos estatales que supervisen la equivalencia real entre planes), esos alumnos podrían no tener una “equivalencia real” entre lo tenido como “contenido mínimo común” y lo nuevo que se imparta.
En suma: la diversidad puede volverse fragmentación, y la fragmentación puede convertirse en obstáculo para garantizar trayectorias educativas estables y equitativas. La diversidad es valiosa, pero necesita un piso común que hoy aparece difuso.
3. Financiamiento: libertad de elección o mercantilización.
Uno de los puntos más disruptivos es la eliminación de la meta del 6% del PBI destinada a educación. En su lugar, se propone un esquema donde los recursos siguen al estudiante: vales educativos, asignaciones familiares, créditos fiscales y financiamiento equivalente entre escuelas públicas y privadas.
Se presenta como ampliación de la elección. Pero también es el modelo que más fuertemente abre la puerta a la mercantilización educativa.
Cuando las escuelas compiten por matrícula: pueden seleccionar estudiantes, ajustar su oferta para mejorar indicadores, excluir a quienes exigen más recursos, concentrar fondos en instituciones de mayor demanda.
Las experiencias internacionales advierten este efecto. El caso chileno es ilustrativo: mayor diversidad, sí, pero también mayor segregación, estratificación institucional y un sector público debilitado. (Sobre esto escribí en su momento: ¿Un sistema de vouchers es viable? https://educar-hacervisibleloinvisible.blogspot.com/2024/03/sistema-de-voucher-es-viable.html).
4. Transparencia sin estigmatización.
El borrador de la Ley de Libertad Educativa incorpora una transformación profunda en materia de evaluación y difusión de resultados. No se trata solo de “más información”: es un cambio estructural en cómo se gestionan, leen y comparan los sistemas escolares.
Qué propone concretamente el borrador: Evaluaciones nacionales anuales y censales en los últimos años de primaria y secundaria. Publicación de resultados por escuela. Derecho de estudiantes y familias a acceder a sus resultados individuales. Justificación oficial: brindar información para que las familias “elijan mejor” y permitir que escuelas puedan compararse para “mejorar desempeño”.
El espíritu general es convertir la evaluación en un mecanismo de competencia y elección, alineado con el resto del proyecto. En un país marcado por desigualdades profundas, la publicación de resultados sin contextualización puede producir efectos regresivos: instituciones de zonas vulnerables sistemáticamente en los últimos lugares, migración de estudiantes hacia escuelas mejor posicionadas, estigmatización de escuelas, docentes y estudiantes, selección encubierta o fuga de matrícula, debilitamiento del sector público.
La publicación de resultados puede servir —pero solo si se cumplen estas condiciones: Contextualización socioeconómica de los datos (pobreza, rotación, condiciones locales). Indicadores múltiples, no solo pruebas estandarizadas (clima institucional, inclusión, retención, acompañamiento). Políticas de apoyo —no sanción— para las escuelas en contextos vulnerables (tutorías, inversión diferencial, acompañamiento pedagógico).
En ausencia de esos insumos, la transparencia deja de ser una herramienta de mejora: se convierte en un mecanismo de castigo.
5. Esencialidad educativa: un equilibrio delicado.
Declarar la educación básica como servicio esencial puede interpretarse como garantía de continuidad pedagógica. Pero también impacta de lleno en el derecho de huelga docente.
En contextos donde los salarios han perdido poder adquisitivo por décadas, la esencialidad es percibida como mecanismo disciplinador, más que como protección del derecho a aprender. Otros países que avanzaron en esta dirección establecieron servicios mínimos, protocolos y compensaciones; sí, compensaciones. El borrador local aún no presenta esos matices.
Hace un tiempo atrás escribí una editorial donde anticipaba esta temática y las intenciones del gobierno nacional al reglamentarse los llamados Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Les dejo el link https://educar-hacervisibleloinvisible.blogspot.com/2025/06/la-educacion-en-jaque-derecho.html para reafirmar lo argumentado en esa entrada: la declaración de esencialidad en la educación abre un debate necesario sobre cómo garantizar la estabilidad del sistema educativo sin vulnerar derechos fundamentales. Para mejorar verdaderamente la educación en Argentina, es fundamental invertir en infraestructura, actualizar la formación docente, revisar condiciones salariales y fomentar el diálogo entre el Estado y los trabajadores de la educación.
El desafío no está en imponer restricciones, sino en construir soluciones que fortalezcan la educación sin sacrificar derechos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo logramos un sistema educativo que sea estable y de calidad sin afectar las libertades esenciales de quienes lo sostienen?
6. Gobernanza institucional: el corazón de la libertad educativa propuesta.
Según el artículo 37, las escuelas tendrían una autonomía institucional y pedagógica significativa: podrían definir su propio régimen de gobierno interno, elaborar planes de estudio propios, decidir sus políticas de admisión, permanencia y disciplina, y administrar sus recursos. (La Gaceta)
Los equipos directivos tendrían poder para proponer la contratación y separación del personal docente y no docente, aunque con ratificación por parte de la jurisdicción correspondiente. (0264Noticias)
Se prevé una “transición progresiva” para escuelas estatales hacia un esquema de gestión institucional autónoma, lo que sugiere que no será automático, pero sí es un cambio estructural pensado a mediano o largo plazo. (Estación Claridad)
Además, las familias tendrían un rol formal en la gobernanza: el proyecto incluye la creación de un consejo escolar de padres, lo que les daría voz directa en las decisiones institucionales. (0264Noticias)
La autonomía directiva para contratar y despedir puede aumentar la discrecionalidad: sin mecanismos fuertes de supervisión externa, los equipos directivos podrían priorizar afinidades, criterios ideológicos o logísticas antes que criterios pedagógicos o de equidad.
La transición progresiva de las escuelas estatales a la autonomía institucional deja abiertas muchas preguntas: ¿qué tan rápido será? ¿cómo se garantizará que todas las instituciones (no solo las más “exitosas”) puedan adoptar el modelo sin debilitar las que hoy funcionan con gestión pública tradicional?
Este cambio institucional va al corazón del modelo que propone la ley: no es solo que las familias elijan, sino que las escuelas funcionen como unidades autónomas con mayor poder decisorio. En ese sentido, no estamos ante una simple reforma de contenidos o financiamiento, sino ante una reconcepción de la arquitectura escolar.
La pregunta para el debate público no es solo “¿libertad para elegir?”, sino “¿qué tipo de institución queremos que elijan?”. Si la escuela con más autonomía se convierte en una suerte de empresa, corremos el riesgo de perder la idea de la escuela como bien común. Sería clave imaginar mecanismos de equilibrio que permitan autonomía sin fragmentación ni competencia descontrolada.
Reflexión final: el punto ciego del debate.
La discusión pública, hasta aquí, quedó atrapada entre consignas. Pero lo que este borrador pone sobre la mesa es una disputa más profunda: ¿cómo garantizamos libertad sin sacrificar igualdad? Ese es el gran punto ciego.
Argentina necesita innovar, claro. Pero necesita hacerlo sin perder de vista que no todos parten del mismo lugar. La libertad educativa es valiosa cuando amplía horizontes; se vuelve injusta cuando consolida privilegios.
Si el objetivo es modernizar el sistema sin fragmentarlo, un acuerdo mínimo podría incluir: libertades institucionales con acompañamiento estatal claro, evaluación externa, sí, pero contextualizada y no punitiva; el financiamiento diversificado, sí, pero manteniendo el fuerte sostén a la escuela pública; hay muchos ejemplos de regulación curricular con márgenes de flexibilidad, pero donde se garantice la participación docente en las decisiones y condiciones laborales fuertes. Este es un debate que las instituciones educativas deberían incorporar en sus futuros talleres o reuniones de trabajo.
La libertad educativa necesita un Estado inteligente: ni omnipresente ni ausente. Un Estado que garantice, acompañe y regule para que la libertad no se vuelva privilegio. Ese, para mí, es el camino para que la reforma educativa sea transformación y no retroceso.
