La educación en jaque: ¿derecho fundamental o servicio esencial?

ACTUALIDAD EDUCATIVA

El reciente decreto del gobierno argentino que declara la educación como un servicio esencial ha encendido una fuerte discusión en el ámbito gremial y educativo. 

Mientras las autoridades argumentan que esta medida busca garantizar la continuidad de las clases y evitar interrupciones en el ciclo lectivo, docentes y sindicatos han expresado su preocupación por el impacto que podría tener en el derecho a huelga y la negociación colectiva.

El decreto presidencial DNU 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei, declara la educación como servicio esencial en Argentina. Esto implica que, en caso de huelga docente, se debe garantizar un funcionamiento mínimo del 75% de los servicios educativos.

La medida modifica la Ley N° 25.877, que hasta ahora solo consideraba esenciales servicios como la salud, el suministro de agua potable y energía eléctrica. Con este decreto, se incluyen la educación inicial, primaria, secundaria y especial dentro de las actividades que no pueden suspenderse completamente durante un conflicto laboral.

Antecedentes y contexto

La declaración de esencialidad educativa en Argentina se da en un contexto de crisis estructural en el sistema escolar. Los resultados de las Pruebas Aprender 2025 evidencian un bajo nivel de alfabetización, mientras que la conflictividad docente ha aumentado debido a recortes presupuestarios y condiciones salariales insuficientes. En este marco, el gobierno ha impulsado la medida con el objetivo de garantizar 180 días de clases, aunque su impacto en los derechos laborales ha generado rechazo por parte de los gremios educativos.

Aquí tienes algunos antecedentes sobre la declaración de esencialidad en la educación en Argentina:

• Ley Finocchiaro (2024): En agosto de 2024, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que declara la educación como "Servicio Estratégico Esencial". La iniciativa busca garantizar 180 días de clases y establece guardias mínimas en las escuelas durante huelgas docentes.

• Debate sobre esencialidad y derechos laborales: Especialistas en educación y derecho laboral han señalado que esta medida podría restringir el derecho a huelga sin abordar problemas estructurales como salarios, infraestructura y presupuesto educativo.

• Conflictos docentes y medidas de ajuste: La esencialidad ha sido impulsada en un contexto de alta conflictividad docente, con reclamos por mejores condiciones laborales y el impacto de recortes presupuestarios en la educación pública.

Estos antecedentes muestran que la esencialidad en la educación ha sido un tema recurrente en el debate político y sindical.

El impacto en los derechos laborales

La declaración de esencialidad en la educación introduce un nuevo desafío para la autonomía sindical y las condiciones laborales de los docentes. Aquí algunas reflexiones clave sobre su impacto:

• Autonomía sindical restringida: Los sindicatos docentes han jugado un rol fundamental en la defensa de derechos laborales, negociaciones salariales y mejoras estructurales en el sistema educativo. Con la educación considerada un servicio esencial, el margen de acción de los gremios podría verse reducido, ya que se limita la posibilidad de realizar paros totales como medida de presión.

• Condiciones laborales afectadas: La esencialidad no aborda cuestiones fundamentales como salarios, infraestructura y formación docente. Si bien busca garantizar la continuidad del ciclo lectivo, no soluciona problemas de fondo que han generado las protestas del sector. La pregunta clave es si esta medida realmente mejora el bienestar de los trabajadores o si solo apunta a minimizar conflictos visibles sin atender las causas estructurales.

• Capacidad de negociación debilitada: La huelga ha sido históricamente un instrumento clave de negociación en el sector educativo. Con la imposición de un mínimo del 75% de prestación del servicio, el impacto de cualquier protesta se vería disminuido, lo que podría debilitar la capacidad de los docentes para exigir mejores condiciones de trabajo.

Estos puntos muestran cómo la medida, aunque planteada desde la necesidad de asegurar la educación continua, afecta el equilibrio en la relación laboral del sector.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que la educación no es un servicio esencial, ya que su interrupción no representa una amenaza inmediata para la vida o la seguridad de las personas. 

La autonomía sindical y la negociación colectiva, pilares fundamentales para la mejora de la educación, podrían verse debilitadas con esta medida. Este enfoque ha generado críticas, ya que algunos consideran que la esencialidad impuesta por decreto es una forma de reducir la autonomía sindical y debilitar la negociación colectiva.

Experiencias internacionales

En otros países, la educación no es considerada un servicio esencial en términos legales, aunque existen regulaciones para garantizar la continuidad de clases. En Francia, se han implementado servicios de guardia para minimizar el impacto de huelgas. En Chile, aunque la educación es un derecho fundamental, se han establecido mecanismos para mantener el ciclo lectivo activo durante conflictos laborales. España y Estados Unidos también han abordado este tema con legislaciones específicas, pero sin declarar la educación como esencial.

¿Es realmente una solución?

La declaración de esencialidad en la educación plantea una pregunta clave: ¿es realmente una solución para garantizar los 180 días de clases en las escuelas públicas, o es una medida que ataca los síntomas sin abordar las causas profundas de la crisis educativa?

Si bien en teoría esta medida busca evitar interrupciones por huelgas docentes, el problema central no es solo la cantidad de días de clase, sino la calidad educativa y las condiciones en las que se desarrolla el aprendizaje. Sin una inversión real en infraestructura, formación docente y mejoras salariales, el simple hecho de evitar paros no garantiza una educación efectiva.

Además, la conflictividad laboral surge precisamente por condiciones precarias en el sistema educativo. Limitar las protestas podría reducir la cantidad de días perdidos, pero si los docentes enfrentan problemas de sueldo, sobrecarga laboral y falta de recursos en las escuelas, la enseñanza no mejorará solo por evitar huelgas.

Por otro lado, experiencias internacionales muestran que garantizar la continuidad de clases no depende exclusivamente de impedir medidas de fuerza, sino de generar consensos, inversión y planificación a largo plazo en educación.

Conclusión

La declaración de esencialidad en la educación abre un debate necesario sobre cómo garantizar la estabilidad del sistema educativo sin vulnerar derechos fundamentales. Para mejorar verdaderamente la educación en Argentina, es fundamental invertir en infraestructura, actualizar la formación docente, revisar condiciones salariales y fomentar el diálogo entre el Estado y los trabajadores de la educación.

El desafío no está en imponer restricciones, sino en construir soluciones que fortalezcan la educación sin sacrificar derechos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo logramos un sistema educativo que sea estable y de calidad sin afectar las libertades esenciales de quienes lo sostienen?