Educación en 2025: conflictos, reformas y disputas que marcaron el año.
El 2025 no fue un año neutro para la educación argentina. El ajuste presupuestario, el debate sobre la esencialidad del servicio educativo, la llamada “libertad educativa”, la crisis universitaria y los conflictos docentes marcaron una agenda atravesada por disputas políticas y territoriales, con impactos concretos en las aulas.
Última entrada del año – Educar, hacer visible lo invisible
Balance educativo en Argentina 2025.
Cerrar un año educativo no es hacer un repaso prolijo de hitos. Es, sobre todo, asumir una posición frente a los debates que atravesaron el sistema, las decisiones políticas que lo tensionaron y las consecuencias —muchas veces desiguales— que se vivieron en las escuelas.
El 2025 estuvo lejos de ser un año neutro para la educación argentina. Fue un año de disputas de sentido: sobre el rol del Estado, sobre derechos laborales, sobre qué entendemos por libertad educativa y sobre quiénes pagan el costo de las reformas cuando se diseñan lejos de las aulas.
Núcleos duros del debate educativo.
El trasfondo de casi todos los conflictos educativos de 2025 fue el mismo: el financiamiento. La redefinición del rol del Estado nacional, la reducción o discontinuidad de programas y el traslado de responsabilidades a las provincias profundizaron desigualdades preexistentes.
El 0,75% del PBI refleja una subfinanciación estructural del sistema educativo nacional. Aunque el presupuesto 2026 contempla un aumento real respecto a 2025, no logra revertir la pérdida acumulada de los últimos años.
Hace diez años, la inversión nacional en educación rondaba el 1,5% del PBI, es decir, el doble de lo previsto para 2026. En 2023, el gasto en educación fue de 12,3 billones de pesos (a precios constantes de 2025). En 2026, se proyectan 6,2 billones de pesos para Educación y Cultura. Esto implica una caída acumulada cercana al 49% desde 2023, aunque con una leve recuperación respecto a 2025 (entre 4,4% y 8% en términos reales).
Hablar de ajuste no es una consigna: es describir aulas sin recursos, infraestructura que no se repara y políticas socioeducativas que pierden alcance. En un país federal y desigual, el repliegue del Estado nacional impacta más fuerte allí donde las capacidades provinciales son más frágiles.
Uno de los temas más controversiales del año fue la discusión sobre la esencialidad del servicio educativo. Presentada desde algunos sectores como una garantía del derecho a aprender, la propuesta abrió un debate de fondo: ¿hasta dónde puede el Estado regular un servicio sin vulnerar el derecho constitucional a huelga?
En 2025 la esencialidad se aplicó mediante un DNU 340/2025 (mayo): El presidente Javier Milei declaró la educación como servicio esencial, ampliando el listado de actividades que no pueden suspenderse totalmente durante un conflicto laboral. Pero lejos de resolver el conflicto, lo trasladó al terreno judicial y político. Fue una medida que buscó priorizar la continuidad escolar, aunque terminó generando mayor tensión con los gremios docentes y abrió un debate profundo sobre la relación entre derechos laborales y el derecho social a la educación.
El problema no fue solo jurídico, sino político y pedagógico. Equiparar educación con servicios esenciales como la salud o la seguridad, sin un debate serio sobre condiciones laborales, salarios y contextos de trabajo, corrió el eje de la discusión.
La pregunta que quedó flotando en 2025 es incómoda pero necesaria: ¿se puede garantizar el derecho a la educación restringiendo derechos laborales, o el camino debería ser fortalecer las condiciones que eviten el conflicto?
3. “Libertad educativa”: reforma, borradores y disputas de sentido
Otro eje central fue el borrador de reforma educativa impulsado por el gobierno nacional bajo el rótulo de libertad educativa. Allí confluyeron propuestas diversas: desde el homeschooling hasta una redefinición del rol del Estado como garante del derecho a la educación.
El debate inicial ha sido poco riguroso. Mientras algunos discursos celebraron la ampliación de libertades individuales, otros alertan sobre el riesgo de fragmentar el sistema educativo y profundizar desigualdades.
La pregunta de fondo no es si las familias deben tener opciones, sino qué ocurre cuando la libertad se plantea sin igualdad de condiciones. En 2025 quedó claro que hablar de libertad educativa sin hablar de regulación, inclusión y responsabilidad estatal es, como mínimo, una mirada incompleta.
4. Evaluación, datos y el riesgo de la simplificación
La agenda de la evaluación escolar volvió a ganar protagonismo. Las pruebas de medición de rendimiento escolar en Argentina fueron muy debatidas en 2025 porque revelaron resultados alarmantes, profundizaron la discusión sobre desigualdades educativas y generaron tensiones entre quienes las consideran herramientas necesarias y quienes las ven como instrumentos de estigmatización.
Las Pruebas Aprender 2024, cuyos resultados se difundieron en 2025, mostraron que más de la mitad de los estudiantes no alcanzó el nivel básico en Lengua y Matemática. Solo un 14,2% logró un nivel satisfactorio. Los datos evidenciaron brechas profundas según sector (estatal vs. privado), ámbito (urbano vs. rural) y nivel socioeconómico, confirmando que la crisis educativa golpea más fuerte a los sectores vulnerables. Expertos advirtieron que revertir la tendencia negativa podría llevar más de 15 años, lo que generó alarma sobre la sostenibilidad del sistema educativo.
La edición Aprender 2025 se aplicó de manera censal a 752.936 estudiantes de 6º grado en 20.298 escuelas, tanto públicas como privadas, rurales y urbanas. Esto reforzó la magnitud del debate, ya que los resultados reflejaran la situación de todo el país.
El debate de 2025 sobre las pruebas de rendimiento escolar refleja la tensión entre la necesidad de información objetiva y el riesgo de simplificar la complejidad educativa. Los resultados alarmantes pusieron en evidencia una crisis estructural, pero también reavivaron la discusión sobre cómo evaluar sin reproducir desigualdades.
Medir no es el problema. Ahora bien, ¿para qué se mide o evalúa? ¿cuál es la intencionalidad? ¿cómo se debe medir: en forma estandarizada o teniendo en cuenta los contextos? ¿qué hacemos con sus resultados?
Evaluar sin políticas de acompañamiento termina responsabilizando a las escuelas por desigualdades que se producen fuera de ellas. Este fue uno de los aprendizajes —o advertencias— que dejó 2025.
5. La crisis universitaria: desfinanciamiento, ciencia en riesgo y protesta
Si hubo un conflicto que logró trascender el ámbito estrictamente educativo en 2025 fue la crisis del sistema universitario y científico. El desfinanciamiento de las universidades nacionales, la pérdida del poder adquisitivo de salarios docentes y no docentes, y el ajuste sobre el sistema científico-tecnológico colocaron a la universidad pública en una situación crítica.
Las masivas movilizaciones universitarias no fueron solo una defensa corporativa. Expresaron una preocupación social más amplia: qué país es posible construir sin universidades fuertes, sin investigación y sin políticas públicas de largo plazo. Pese a esto, el sector universitario no ha sabido modificar la toma de decisiones en el parlamento.
De hecho, el financiamiento universitario fue quitado del Presupuesto 2026 mediante la derogación de las leyes que lo garantizaban. Esto abre un escenario de fuerte conflicto para el 2026 entre el gobierno y el sistema universitario, que advierte sobre la imposibilidad de iniciar el ciclo lectivo en condiciones normales.
La pregunta que atraviesa este debate es profunda y política: ¿puede hablarse de libertad, meritocracia o innovación en un contexto de vaciamiento del sistema universitario?
Santa Cruz: el conflicto como parte del sistema.
1. Un segundo semestre atravesado por la disputa ADOSAC–CPE
Si a nivel nacional el conflicto fue estructural, en Santa Cruz tomó forma concreta en la relación entre el gremio docente ADOSAC y el Consejo Provincial de Educación (CPE), especialmente a partir del segundo semestre del año.
Las discusiones salariales, las condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos previos derivaron en un escenario de alta conflictividad. Reducir este proceso a una cuenta de días de paro es una lectura pobre y funcional a la despolitización del problema.
El conflicto fue, en realidad, la expresión visible de tensiones acumuladas: salarios que pierden poder adquisitivo, condiciones edilicias deficitarias y una relación entre el Estado y los trabajadores de la educación marcada por la desconfianza.
2. Derecho a la educación vs. derecho a huelga: una falsa dicotomía
En Santa Cruz, como en el resto del país, reapareció con fuerza la idea de contraponer el derecho de niños, niñas y adolescentes, a la educación con el derecho docente a la huelga. En 2025, el conflicto entre ADOSAC y el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz estuvo marcado por paros, conciliaciones obligatorias incumplidas, descuentos salariales considerados ilegales y la denuncia de riesgo sobre más de 1.500 puestos de trabajo docentes.
ADOSAC denunció que el CPE no cumplió con lo pactado en las paritarias de marzo, especialmente la cláusula de revisión salarial prevista para julio. Durante la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el gobierno provincial aplicó descuentos salariales a los docentes que participaron en medidas de fuerza. El gremio los calificó de indiscriminados e ilegales, ya que violaban la propia conciliación.
ADOSAC advirtió que el CPE ponía en peligro 1.500 cargos docentes por unificación de cursos y recortes, lo que afectaba directamente la continuidad laboral. Esto que deambula como un fantasma, parece ya estar aplicándose en otras jurisdicciones como CABA o Entre Ríos.
El gobernador Claudio Vidal y el CPE defendieron las medidas como parte de un proceso de ajuste y ordenamiento, pero fueron acusados por el gremio de “reinterpretar malintencionadamente la legislación vigente”.
3. Universidad pública, territorio y desarrollo: el caso UNPA
La crisis universitaria nacional también tuvo una expresión concreta en Santa Cruz, atravesando a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA). En una provincia extensa, con baja densidad poblacional y enormes distancias, la universidad pública no es solo un espacio de formación: es un actor estratégico para el desarrollo regional, la producción de conocimiento situado y la ampliación de derechos.
En este contexto, la reciente propuesta del gobierno provincial de abrir la carrera de Medicina en la UNPA reactivó un debate complejo. Por un lado, aparece como una demanda histórica vinculada al déficit estructural de profesionales de la salud y a la necesidad de formar recursos humanos en el propio territorio. Por otro, plantea interrogantes legítimos sobre condiciones académicas, financiamiento, infraestructura, planta docente y articulación con el sistema de salud.
Un debate que atraviesa a Nación y provincias.
A lo largo de 2025, un tema apareció de manera persistente —a veces fragmentado, otras veces silenciado— en la agenda educativa: la formación docente y la crisis del oficio de enseñar. El aumento del ausentismo, el abuso o uso intensivo de licencias médicas, la falta de vocaciones para ingresar a la docencia y la consecuente crisis de los Institutos de Formación Docente (IFD) no son fenómenos aislados ni exclusivamente provinciales. Constituyen un problema estructural del sistema educativo argentino.
Reducir esta discusión a explicaciones morales —docentes que no quieren trabajar, jóvenes que no quieren estudiar— es una salida fácil y profundamente injusta. Detrás de estos procesos aparecen condiciones laborales deterioradas, salarios insuficientes, sobrecarga emocional, pérdida de prestigio social del rol docente y propuestas formativas que muchas veces no dialogan con la complejidad real de las aulas.
En 2025, comenzaron a circular con más fuerza escenarios de cierres de carreras y de institutos, justificados en la baja matrícula. Sin una política integral de formación, acompañamiento y jerarquización docente, estas decisiones corren el riesgo de transformarse en una respuesta administrativa a un problema político más profundo.
La pregunta que atraviesa este eje es incómoda pero necesaria: ¿cómo sostener un sistema educativo sin una política clara de formación y cuidado de quienes lo hacen posible?
Lo que 2025 deja sobre la mesa
Más que conclusiones cerradas, este año deja debates abiertos:
¿Puede hablarse de educación esencial sin discutir salarios y condiciones de trabajo?
¿La libertad educativa amplía derechos o fragmenta el sistema?
¿Qué lugar ocupan las provincias periféricas en las decisiones nacionales?
¿Cómo construir políticas educativas sin criminalizar el conflicto?
Cerrar el año sin cerrar los ojos.
Este balance no busca equilibrios artificiales. Busca honestidad intelectual y compromiso con la educación pública. Desde Educar, hacer visible lo invisible, cerrar 2025 implica reafirmar una idea simple y potente: los conflictos educativos no son fallas del sistema, son mensajes. Ignorarlos o simplificarlos no los resuelve.
Que el 2026 nos encuentre discutiendo con más datos, más contexto y menos slogans. Y, sobre todo, con la decisión política de escuchar a quienes todos los días sostienen la escuela.
Una posición editorial para cerrar el año.
Este espacio no escribe desde la comodidad de la neutralidad falsa ni desde la trinchera del slogan. Educar, hacer visible lo invisible asume que la educación es un campo de disputa política, social y cultural, y que el periodismo educativo tiene la responsabilidad de complejizar el debate, no de simplificarlo.
Cerrar 2025 desde este blog implica una toma de posición clara: sin inversión sostenida, sin docentes cuidados y formados, sin universidades fortalecidas y sin políticas pensadas desde el territorio, no hay libertad educativa posible, solo desigualdad legitimada.
Gracias por acompañar este blog educativo durante 2025.
Comentarios
Publicar un comentario