La pedagogía del resguardo.
En los pasillos del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz, el lenguaje administrativo ha mutado. Cada vez se discuten menos proyectos pedagógicos de largo aliento. Ahora, la urgencia se resume en cuatro dígitos: 0709. Es el número de la resolución que, desde marzo, funciona como el respirador artificial de un sistema que cruje bajo el peso de la improvisación de una administración en crisis.
La escena se repite en cada localidad, desde la cordillera hasta la costa. Un docente se entera de que su sección ha sido cerrada. No hay alumnos. La matrícula provincial se desangra: aproximadamente 7.000 estudiantes menos en el último ciclo, víctimas de la migración y la caída de la natalidad. Pero aquí comienza la "pedagogía del resguardo". En lugar de buscar negociaciones y consensos en una solución de fondo, el Estado santacruceño ha optado por el "resguardo": una figura jurídica que mantiene el salario, pero desdibuja la función.
La ingeniería del "mientras tanto".
La Resolución 0709/26 es la piedra angular de esta nueva gramática. El documento es taxativo: el docente cuyo grado desaparece entra en "resguardo". Cabe aclarar, resguardo no es sinónimo de disponibilidad. El Estatuto del Docente contempla la disponibilidad como una situación excepcional y protectora, pero ligada intrínsecamente a la Titularidad. Es decir: el Estado tiene la obligación de reubicar al titular en un cargo vacante de igual jerarquía y ubicación. Mientras tanto, el docente percibe sus haberes. En cambio, el "resguardo" es una creación administrativa transitoria para cubrir un vacío que el Estatuto no previo para el personal interino.
¿A quién alcanza? Principalmente a docentes interinos, que en Santa Cruz son la inmensa mayoría debido a una sequía de concursos que ya lleva una década. Según el Estatuto, si una sección se cierra, el suplente o el interino debería cesar automáticamente: desaparece el objeto de su designación. ¿El remiendo? Para evitar el costo político y social de cientos de despidos, el Consejo Provincial de Educación - CPE configura el "resguardo". Mantiene el cobro del sueldo a pesar de no haber titularidad, pero a cambio exige la "interfuncionalidad": que el agente haga cualquier tarea pedagógica que el directivo le asigne.
Por consiguiente, docente se convierte en un operario polivalente. Para el Gobierno, es "optimización del recurso". Para los gremios, flexibilización laboral.
Pero el laberinto normativo no termina ahí. En abril, el CPE redobló la apuesta con la Resolución 1023/26. Extendió una prórroga de 30 días que, en apariencia, se irá renovando según sople el viento de la coyuntura. Es la gestión del "mes a mes".
Si desmenuzamos la normativa, veremos que el equipo directivo toma un papel preponderante. Existe un artículo - el segundo- donde el Estado puntualiza el concepto de "Optimización Pedagógica". Traducido: el directivo tiene que dar el primer paso y convencer a un docente que acaba de perder su sección de que ahora debe ser "ayudante" de un compañero o cumplir funciones afines a su perfil. Por ende, se le otorga al directivo el poder legal, pero, en apariencias, le niega las herramientas de mediación para gestionar el clima institucional que esto detona.
La resolución insta a presentar ante la Supervisión un plan que justifique las tareas del docente resguardado. Las funciones no son arbitrarias: deben responder a parejas pedagógicas, tutorías o apoyo a la alfabetización. Ese plan tiene nombre: PRI (Proyecto de Reorganización Institucional). Allí se establece que la permanencia en el resguardo no es un derecho pasivo; está condicionada a la "necesidad del servicio". Es el mecanismo legal para auditar que el salario tenga una contraprestación efectiva.
Mediante Circulares Técnicas y Actas de la Subcomisión Laboral de marzo de este año, el Ejecutivo fue claro: los docentes en resguardo son el "primer cordón de respuesta" para cubrir baches, reducir el gasto en suplencias cortas y forzar el cumplimiento de los 190 días de clases. Pero hay un dato controversial: la movilidad interna. Si falta un docente por una licencia corta, el directivo puede apelar al "resguardado".
Para el equipo de conducción, la orden es taxativa: el docente debe asistir en el mismo horario que su cargo original. No hay reducción de jornada. El directivo es el responsable legal de que el agente esté dentro del edificio.
Como siempre, surgen ambivalencias. Aunque la resolución pide reorganizar, el límite es el escalafón. Si el directivo asigna tareas ajenas a la función docente y ocurre un accidente laboral, se abre un interrogante jurídico: ¿el seguro (ISPRO) cubrirá un siniestro en una función que no está reasignada pedagógicamente? El CPE insiste en que el uso administrativo debe ser excepcional. El papel aguanta todo; la realidad de la escuela, no tanto.
El factor humano: Una década de interinatos.
El diagnóstico es sombrío. Si Santa Cruz llegó a este desmadre, no es solo por su economía. Hay un pecado original: hace más de diez años que la provincia no realiza titularizaciones según dispone el Estatuto Docente. Sin concursos, la carrera es un espejismo y genera consecuencias a corto plazo.
Hoy, bajo esta coyuntura, el sistema reemplazó la estabilidad por la "interfuncionalidad". El resultado es una cadena de frustraciones: Docentes que viven pendientes de una firma mensual para saber si cobrarán. Alumnos que, entre paros de 72 horas y desajustes internos, apenas acceden a clases dos veces por semana. Directivos que gestionan el malestar de un personal desplazado, mientras intentan aplicar protocolos de acompañamiento que requieren una estabilidad y capacitación que hoy no se avizoran.
El costo de la improvisación.
La conclusión es incómoda. Se entiende la crisis, pero resulta inexplicable que no exista una necesidad real de debatir soluciones de fondo entre las partes del conflicto. El sistema necesita sanearse, no con resoluciones que modifiquen parcialmente a las anteriores, sino con la vigencia plena del Estatuto, acuerdos paritarios y transparencia de datos. Estoy seguro de que ambos sectores - Estado y gremios - lo saben. Proponer esto hoy parece una utopía, pero callarlo es aceptar el parche como norma.
Del Remiendo Estratégico a la Solución de Fondo
La realidad educativa no se puede ocultar. Como alguien que transitó el sistema desde el aula hasta la supervisión, observo un círculo vicioso de improvisación:
1. El Vacío de la Estabilidad: El mal mayor es la fragilidad del vínculo laboral. Una década sin titularizaciones despojó al sistema de su cimiento: el derecho al cargo. Hoy, los docentes titulares son una minoría, muchos ya en cargos jerárquicos o al borde del retiro. El saneamiento debería empezar por devolverle al docente la propiedad de su carrera.
2. La Ilusión del Acompañamiento: Seamos honestos: no hay acompañamiento efectivo cuando la estructura está fracturada por conflictos irresueltos. Hace casi una década que los estudiantes no tienen 180 días de clases efectivos. Los remiendos no suplen la presencia en el aula; la continuidad requiere paz social y salarios dignos.
3. Hacia una Salida Consensuada: La falta de fondos no justifica la falta de planificación. Se deben debatir posibilidades concretas:
- Reforma Normativa: Una "Codificación Educativa" que unifique, actualice y simplifique, derogando lo obsoleto. El Estatuto debe ser el norte, los acuerdos paritarios, la meta.
- Diseño por Calidad: En lugar de cerrar secciones, mantener aulas con ratios bajos para personalizar la enseñanza, como en las naciones que lideran los estándares de calidad. Alfabetización e integración lo justifican.
- Docente de Apoyo Estable: Formalizar el rol del resguardo dentro del PEI, no como un comodín de guardia.
- Infraestructura y Demografía: Un mapa de vacancia georreferenciado para planificar políticas de estado locales con años de antelación, basándose en datos, no en decisiones improvisadas.
- Jornada Completa con Sentido: Ampliar la jornada escolar con un diseño curricular renovado y acorde a cada localidad.
- Carrera Docente: Garantizar concursos anuales para terminar con la precarización que el "resguardo" intenta tapar.
La educación en Santa Cruz no se soluciona con prórrogas que solo administran el malestar. Se soluciona volviendo a las bases: normativas actualizadas y la decisión política de entender que menos alumnos por aula no es un gasto, sino una oportunidad de mejora en la calidad. El desmadre actual es el resultado de décadas de parches. La solución definitiva requiere dejar de ver al docente como una variable de ajuste y empezar a verlo como el motor de un diseño pedagógico serio.
Comentarios
Publicar un comentario