La Educación como motor económico y desarrollo: ¿Inversión o Gasto en la Argentina de Hoy?



En sus libros como ¡Basta de historias! o Crear o morir, Andrés Oppenheimer suele insistir en esto: "La educación es la mejor política económica a largo plazo, pero la peor inversión política, porque sus frutos se ven en 15 o 20 años y los políticos quieren resultados antes de las próximas elecciones". 

En el complejo escenario de abril de 2026, la premisa de que la educación es la mejor política económica a largo plazo parece haber quedado bajo la sombra de ajustes fiscales severos. Sin embargo, en este espacio buscamos "hacer visible lo invisible": cada peso recortado hoy en el sistema educativo es una hipoteca que pagaremos con falta de desarrollo, menos innovación y mayor exclusión.

  1. El Panorama Nacional: Desfinanciamiento y Desigualdad Federal.

A nivel federal, la educación atraviesa una tormenta de desfinanciamiento. El fin del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) ha marcado una nueva brecha de desigualdad: mientras algunas provincias han absorbido este costo con recursos propios para evitar el colapso salarial, otras ven cómo el poder adquisitivo docente se desploma. 

Pasa que El FONID, creado en 1998, tras la histórica protesta de la "Carpa Blanca", tenía un objetivo central: mejorar los salarios de los docentes de todo el país mediante un aporte directo del Estado Nacional. Éste enviaba fondos a las provincias para que estas los transfirieran directamente a los bolsillos de los docentes. Hasta principios de 2024, representaba entre el 10% y el 15% del salario de bolsillo de un docente en Argentina. En otras palabras, este fondo servía para que un docente de Santa Cruz, de Salta o de Buenos Aires recibiera el mismo monto de incentivo por parte de la Nación, intentando acortar la brecha salarial que existe por las diferencias de recaudación provincial. El gobierno nacional decidió no renovar el decreto que prorrogaba el fondo (que venció en enero de 2024) y eliminó las transferencias a las provincias. El argumento principal fue que, por la Constitución, la educación es responsabilidad de las provincias y que la Nación no tiene por qué financiar salarios locales, en el marco de su política de "déficit cero".

Pero el recorte no se detiene en los salarios. Las Universidades Nacionales operan con presupuestos de supervivencia, poniendo en riesgo la formación de los profesionales del mañana. En Infobae (Diario digital) se publicó días atrás, un informe detallado del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la Fundación Mediterránea analiza con precisión técnica cuánto pesan realmente estos fondos sobre los recursos estatales y de qué manera su evolución condiciona la meta del superávit fiscal. 

El informe destaca que el 91% del presupuesto universitario se destina a salarios (docentes y no docentes), un 7% a gastos de funcionamiento y un 2% a hospitales universitarios. Esto deja casi nulo margen para inversión en infraestructura o investigación sin tocar sueldos. Las transferencias a las universidades cayeron un 36% en términos reales bajo la gestión actual. El Ejecutivo busca pasar de un gasto del 0,76% del PBI (si se cumple la ley actual) a uno del 0,53% del PBI, consolidando el ajuste como una política de largo plazo para mantener el superávit fiscal. Pero hay un dato no menor que las universidades minimizan: por cada 1.000 estudiantes, solo se gradúan 44 al año (lo que da la relación de 1 cada 22). Para el Gobierno, esto demuestra que se están financiando "trayectorias educativas eternas" sin resultados. 

2. Santa Cruz: Inestabilidad laboral y salarial.

En nuestra provincia, la problemática adquiere matices de urgencia territorial:

 Al reclamo de paritarias por aumento salarial por parte de los gremios docentes y otros sindicatos que representan a auxiliares de la educación en la órbita del Consejo Provincial de Educación, se le suma la no continuidad de un importante número de cargos docentes a partir del próximo 1 de mayo. Debemos ser claros sobre lo que está en juego. Actualmente, cientos de docentes bajo la Resolución 0709/26 se encuentran frente al aula sosteniendo la continuidad pedagógica.

La resolución dictamina que todos los docentes que se encontraban bajo la figura de "resguardo laboral" (medida que inicialmente vencía en febrero o marzo) deben continuar en sus funciones actuales. El objetivo declarado es preservar los puestos de trabajo y evitar cesantías masivas mientras se reorganiza el sistema educativo provincial.

Uno de los fundamentos de la 0709/26 es que, a pesar de que Santa Cruz registró una baja de casi 7.000 estudiantes en los últimos dos años (lo que técnicamente obligaría al cierre de secciones según el estatuto), el Gobierno decide sostener esos cargos para garantizar la paz social y no afectar la trayectoria de los alumnos ya iniciada.

La norma menciona que esta es una medida de transición mientras continúan las discusiones en la mesa paritaria, pero sabemos que éstas están suspendidas. Es importante notar que, aunque AMET aceptó la propuesta que derivó en esta resolución, el gremio ADOSAC la ha criticado por considerar que el sistema de prórrogas mensuales genera una "incertidumbre constante" (el famoso "nudo en la garganta") y reclama una solución definitiva vía titularización. El incumplimiento de los procesos de titularización (según lo dicta el Estatuto Docente) condena a los trabajadores a una precariedad constante.

¿Qué pasa si no hay una nueva prórroga? Y, probablemente, se agudice el conflicto gremial. 

A todo esto, el invierno está a la vuelta de la esquina. Habrá que ver si las inversiones que enuncian las autoridades fueron suficientes para actualizar los obsoletos sistemas de calefacción de los edificios escolares y daños estructurales que por años (no solo de la actual administración) no se realizaron correctamente. 

3. El Espejo del Éxito: Cuando la Educación se Administra como Riqueza.

La Herencia Argentina: Cuando la Educación fue un Proyecto de Nación.

No hace falta mirar solo al exterior; nuestra propia historia nos demuestra que los saltos en el desarrollo estuvieron ligados a una apuesta educativa audaz. Bajo el lema "Educar al Soberano", Domingo Faustino Sarmiento no solo fundó escuelas; creó un sistema. Entendió que una república no sobrevive sin ciudadanos formados. Posteriormente, La Ley 1420 (de educación común, gratuita y obligatoria) fue, en esencia, la política económica más exitosa del siglo XIX, permitiendo que Argentina pasara de ser una periferia desértica a una potencia mundial en pocas décadas.

La Reforma Universitaria de 1918: Un hito que puso a la universidad argentina en el mapa mundial. Al democratizar el acceso y la gestión, se sentaron las bases de una clase media profesional que fue el motor de la movilidad social ascendente durante todo el siglo XX.

Durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se impulsó la educación técnica vinculada a la industria nacional. Más adelante, en la década del 60 (la "Edad de Oro" de la universidad pública), Argentina se convirtió en un faro regional en ciencia y técnica, con figuras como Bernardo Houssay (primer Nobel en ciencias de Latinoamérica), demostrando que la inversión en laboratorios y becas genera prestigio y soberanía económica.

Arturo Illia y el presupuesto récord: Es fundamental recordar que durante su presidencia se destinó casi el 25% del presupuesto nacional a educación, ciencia y cultura. Fue un momento donde la administración de recursos fue ética y estratégica, demostrando que, con voluntad política, la educación puede ser la prioridad número uno.

La historia nos enseña que Argentina no creció y luego educó, sino que educó para poder crecer. Cuando la educación pasó a ser un "gasto" para equilibrar planillas, comenzó el declive de nuestra competitividad económica.

Para entender por qué la desinversión actual es un error estratégico, debemos mirar hacia afuera y hacia la teoría. No hace falta inventar la pólvora; basta con observar a las regiones que lograron dar el salto al desarrollo.

La Voz de los Expertos: ¿Qué dicen los que saben?

Autores y referentes actuales coinciden en que la economía del siglo XXI es, ante todo, la economía del conocimiento.

Cecilia Veleda: Doctora en Sociología de la Educación, sostiene que la mejora de los aprendizajes es inseparable de la justicia educativa y la estabilidad del sistema. Su enfoque subraya que sin una política de Estado que trascienda los gobiernos, los esfuerzos se diluyen en parches.

Bernardo Blejmar: Experto en gestión educativa, plantea que la "infraestructura emocional y física" es clave. Sin condiciones dignas para enseñar y aprender, el diseño curricular más brillante fracasa.

Andrés Oppenheimer: En sus análisis sobre el futuro del trabajo, enfatiza que los países que no inviertan masivamente en educación de calidad y en la formación de sus docentes quedarán relegados a ser simples espectadores de la revolución tecnológica.

Casos de Éxito: De la Crisis a la Vanguardia.

El Milagro Coreano y de Singapur: Hace apenas 60 años, estos países tenían niveles de pobreza extremos. Su decisión fue radical: invertir cada recurso disponible en educación y ciencia. Hoy lideran las exportaciones tecnológicas globales. Para ellos, el docente no es un gasto; es un funcionario de élite.

El Modelo de Ceará (Brasil): Un ejemplo más cercano y realista. Un estado con pocos recursos que, mediante una administración eficiente, metas claras y el incentivo a los municipios que mejoran la alfabetización, logró resultados superiores a regiones mucho más ricas. Demostraron que administrar bien es tan importante como invertir más.

Finlandia: Su éxito no es un "secreto", es la valoración social. La formación docente es de altísimo nivel y el Estado garantiza que un niño en el rincón más remoto del país reciba la misma calidad educativa que en la capital. El retorno de inversión (ROI) en educación inicial es altísimo. Por cada dólar invertido en la primera infancia y alfabetización básica, el Estado ahorra hasta 7 dólares en seguridad, salud y subsidios sociales a futuro.

4. Directrices para el Desarrollo.

Para que la educación sea realmente la mejor política económica, no puede depender de la buena voluntad del funcionario de turno. Necesitamos directrices de Estado que sean "innegociables".

I. Inversión Inteligente: Más allá del 6% del PBI.

Si bien la Ley de Financiamiento Educativo establece un piso del 6% del PBI, el objetivo debe ser la eficiencia del gasto.

Invertir en edificios seguros y climatizados no es "obra pública", es garantizar el derecho a aprender. En Santa Cruz, esto implica un plan plurianual de mantenimiento preventivo antes de cada invierno, que lamentablemente se hace a medias, cuando se logró hacer.

Conectividad total y equipamiento no son lujos, son herramientas básicas de alfabetización digital. La realidad es que el país viene de una década de "parches" técnicos y un freno abrupto en la construcción de nuevas escuelas. Solo para referenciar: La última vez que hubo una inversión masiva, sostenida y universal en tecnología fue con el lanzamiento de Conectar Igualdad (2010). Durante la gestión de Macri se reemplazó por "Aprender Conectados" (enfocado más en robótica que en entrega de equipos). Imagínense, esos software y dispositivos hoy son obsoletos, pero les aseguro que aún se continúan utilizando.

Mientras que lo que hoy vemos en las escuelas de Santa Cruz —falta de mantenimiento y desactualización tecnológica— no es un accidente, sino el resultado de una década de desinversión progresiva que terminó de cristalizarse con el retiro total del Estado Nacional en los últimos dos años.

II. Revalorización de la Carrera Docente.

No habrá mejora en los aprendizajes si no se cuida a quien enseña.  Habrá que sincerar al sistema para luego cumplir con los concursos y titularizaciones por estatuto. La estabilidad laboral es la base del compromiso pedagógico, pero siempre en un marco lógico, honesto y de sustentabilidad del sistema.

Incentivo a la Formación: financiar la capacitación continua y la especialización. Un docente actualizado es un multiplicador de riqueza intelectual.

Otro aspecto de mejora sería coordinar y administrar eficientemente los recursos humanos tanto docentes como auxiliares de la educación.

III. El Compromiso de la Sociedad Civil y las Empresas.


La educación no es solo responsabilidad de las escuelas; es un contrato social de tres partes.
  • El Rol Central de la Familia: La educación comienza y se sostiene en el hogar. Es vital que las familias asuman su corresponsabilidad en el proceso de aprendizaje, acompañando las trayectorias de sus hijos y fortaleciendo el vínculo con la escuela. Una familia presente es el mejor soporte para que el esfuerzo del sistema educativo rinda frutos. Pero cuando esto no ocurra, el Estado debería aportar herramientas legales para garantizar a la niñez el desarrollo formativo desde los primeros años de vida.

  • Sinergia Público-Privada: Las empresas deben involucrarse en la formación técnica, vinculando el aula con el mundo del trabajo real.

  • Auditoría Social: La sociedad civil debe exigir transparencia. Los datos de aprendizaje y el uso de fondos deben ser públicos para que todos seamos guardianes de la educación.

Una Política de Estado a 20 años.

Proponemos un compromiso que trascienda los mandatos de 4 años. Gobierne quien gobierne, la inversión educativa no se toca. Es necesario blindar el presupuesto de ciencia y educación contra los vaivenes de la macroeconomía.

Si visibilizamos esto, entenderemos que invertir en educación es la única forma de que Argentina vuelva a ser una potencia. Sin educación, no hay economía posible. Cito a Andrés Oppenheimer: "en Latinoamérica los billetes y monumentos siempre honran a próceres del pasado, mientras que, en países como Singapur, los billetes tienen la imagen de estudiantes y la palabra "Education". 

La solución no va a venir de los políticos... la mejora educativa solo va a ocurrir si existe una presión social desde abajo para obligarlos a invertir en calidad. El secreto de los países que progresaron fue que la educación pasó de ser el tema número 12 en importancia para la sociedad, al segundo puesto. Ahí recién el gobierno se interesó.


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